Justicia rogada y prestada

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Luis Tabares Agudelo

Luis Tabares Agudelo

Columna: Opinión

e-mail: tabaresluis@coruniamericana.edu.co

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional internacional que pertenece a la OEA. Su función es la de evaluar la responsabilidad de los Estados con respecto a las violaciones a los derechos humanos.

En ese escenario, el promedio de quejas de víctimas colombianas que le llega es de 500 al año. Por lo tanto, Colombia es el tercer país más condenado de la región. En ese sentido, en total ha recibido 11 condenas que superan los 1.290 millones de dólares.

Ahora bien, las condenas más significativas de la Corte IDH al Estado Colombiano son: la masacre de 19 comerciantes ocurrido entre puerto Araujo (Santander) y Puerto Boyacá (Boyacá) el 6 de octubre de 1987. La masacre de la Rochela Santander que hace referencia a la ejecución de doce personas el 18 de enero de 1989. La masacre de Pueblo Bello Antioquia en enero de 1990 por la desaparición forzada de 37 individuos y la ejecución de seis campesinos, en total 43 personas. La del municipio de Mapiripán en el Meta, donde se perpetró una masacre de 49 personas en hechos que ocurrieron entre el 15 y el 20 de julio de 1997. El caso de la Vereda la Esperanza en el municipio de El Carmen de Viboral en Antioquia con desapariciones forzadas de 14 personas. El holocausto del Palacio de Justicia con la desaparición de 10 personas sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19 y las ejecuciones extrajudiciales de seis jóvenes presentados en falsos positivos por el Ejército como “muertos en combate”.

Por otra parte, llama la atención que masacres como la de Trujillo en el Valle y la Región de Urabá en Antioquia donde se presentaron asesinatos sistemáticos, desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, terror colectivo y desplazamientos porque sobre la primera hubo un “acuerdo amistoso” entre las víctimas y el Estado colombiano. Pero sobre la región de Urabá aún no se ha pronunciado la Corte IDH ni la Corte Suprema de Colombia ni el Consejo de Estado. Asimismo, se está a la espera de condena ejemplarizante por el caso de Bojayá donde murieron 119 civiles por cilindros bombas tirados a la mansalva por la FARC. 

Y, por último, se pronunciará en próxima sentencia la Corte Interamericana donde se condene al Estado colombiano por la muerte del joven Rafael Antonio Caro de 16 años que entró “armado hasta los dientes” con piedras y un machete a la base militar y lo tuvieron que matar con ráfagas de fusil para defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Colombia.

Ahora bien, en el Salvador hubo una guerra muy parecida a la que vivimos los colombianos. Y, por supuesto se trató de buscar soluciones muy parecidas también en la justicia transicional. Hubo masacres atroces, pero se les dijo a las víctimas que iban a ser reparadas, se les garantizaría la no repetición y se les iba a contar toda la verdad. Pero a hurtadillas el Ejecutivo pasó una ley al Congreso con el nombre “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” -una especie de JEP- donde se pretendía un “borrón y cuenta nueva”. Pero, la Corte IDH le acaba de solicitar al Estado que suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto hasta que el Pleno de la Corte conozca y se pronuncie sobre solicitud de medidas provisionales solicitadas por las víctimas.

Finalmente, una de las premisas de la Corte IDH es que “las determinaciones que impidan enjuiciamiento de los responsables de crímenes, particularmente de lesa humanidad, son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos”. Por consiguiente, si la aplica para Colombia puede ser que termine llevando a los senadores -y a los fugados- de las Farc a la cárcel por casos aberrantes y atroces como: la violación sexual a mujeres, entre ellas niñas menores de 14 años. Tortura y asesinato de civiles, diputados y militares secuestrados, muerte selectiva a líderes sociales, carro bomba al Nogal, masacre en Urrao, toma de poblaciones, asesinato a rehenes, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, destrucción del municipio de Granada Antioquia, secuestros masivos y pescas milagrosas.

Para concluir, esto nos ayuda a comprender que en nuestro país: la justicia no funciona, no ha funcionado y si no se le hace una reforma de fondo, jamás funcionará.

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