RAP Caribe sin politiquería

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Cecilia Lopez Montaño

Cecilia Lopez Montaño

Columnista Invitada

e-mail: cecilia@cecilialopez.com

Una de las pruebas más contundentes de la vergonzosa desigualdad de Colombia es precisamente no solo la que existe entre las regiones sino más aun la que se da entre las capitales y sus municipios aledaños.
Sobre la primera, el Atlántico es el único dentro de los 7 departamentos de la Región Caribe que tiene indicadores aceptables, no los mejores, porque el resto compite con aquellos del Pacífico y los Llanos Orientales. Pero es en la segunda, desigualdades al interior de los departamentos, donde la Región Caribe da grima. Los pueblos costeños están en términos de desarrollo a años luz de aquellos de departamentos como Cundinamarca, Antioquia, la región Cafetera y Santander. En la mayoría de ellos el tiempo no pasa y las imágenes de rezago parecen una foto de antaño.

Pero en todo el país, esta desigualdad se hace absolutamente evidente en cualquiera de las cifras que se utilizan: la pobreza, independientemente de cómo se mida, muestra la existencia de dos Colombias: la que está en vía de modernizarse y la estancada, donde no hay progreso, ley ni orden. La inseguridad alimentaria también refuerza este panorama deprimente y retador para una dirigencia que lleva no décadas si no siglos en el poder. Ahora que celebramos los 200 años de independencia, la historia nos muestra cómo nacimos desiguales y continuamos siéndolo de manera injustificable.

Este pincelazo sobre los desequilibrios regionales de Colombia justifica plenamente que una verdadera descentralización entre a ser parte de los nuevos desarrollos nacionales. Además, las profundas desigualdades entre regiones y dentro de ellas deben analizarse en el contexto de la diversidad cultural que nos caracteriza y que debía haber sido motivo de estrategias diversificadas que reforzaran las ventajas y desventajas de cada territorio nacional. Hablamos distinto, tenemos climas diversos y una gama de riquezas culturales que deberían haber promovido muchos tipos de desarrollo en el país. Por todo lo anterior y mucho más, un verdadero impulso regional es fundamental y este parece ser el espíritu de la nueva ‘Ley de Regiones’ que fortalece la constitución y desarrollo de las Regiones Administrativas y de Planificación (también conocidas como RAPs).

Sin embargo, es hora de poner sobre la mesa una preocupación justificada. Sin desconocer que la corrupción en Colombia no ha dejado espacio libre, en muchas de las regiones los clanes politiqueros, que además mezclan los negocios con la política, no pueden ser los grandes beneficiarios de estos nuevos esfuerzos fiscales y de estrategias que buscan reducir las desigualdades regionales. No es una preocupación menor, y aunque es válida para todo el país, la Región Caribe no solo ha sido protagonista de los peores vicios de la política colombiana, sino que no se ven superados; por el contrario, se observa la consolidación de los mismos que seguramente pretenden hacer lo de siempre. Por ello, es necesario que la ciudadanía vigile de cerca el desarrollo de la nueva Ley de Regiones y no permita que fracase.
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