Cinco aciertos y desaciertos de la intervención de Electricaribe

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Escrito por:

Javier Lastra Fuscaldo

Javier Lastra Fuscaldo

Columna: Opinión

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Sería injusto desconocer los esfuerzos del Gobierno Nacional para llevar la energía a todos los rincones de la Costa Atlántica desde que tomó posesión de Electricaribe. El cumplimiento de este propósito es el principal acierto.

Los cuatro Superintendentes que han rotado durante el proceso, y en los últimos meses El Minhacienda, han girado los recursos para apalancar la operación cubriendo el déficit de caja de casi 40 mil millones de pesos mensuales que tiene la empresa. Estos esfuerzos económicos para el 2019 alcanzarán los 2 billones de pesos, cifra muy superior a la del pasivo pensional que el Presidente Duque decidió asumir con recursos de la Nación.

Las ayudas económicas por parte del Gobierno permitieron acertar al abrir nueve convocatorias en los dos primeros años otorgando garantías a los generadores para el despacho de la energía contratada logrando el 80% de cobertura y por esa razón haber mantenido precios eficientes para los usuarios durante ese periodo.

Recordar también que al inicio de la intervención se contempló la posibilidad de vincular a un operador transitorio en tanto se buscaba la solución definitiva, sin embargo descartar esta iniciativa por sus altos costos y estratégicamente haber mantenido el recurso humano de la empresa para operarla, por el conocimiento que tienen de la difícil gestión del servicio en la costa caribe, se suma al listado de aciertos.

Siguiendo con la lista, la vinculación de la Financiera de Desarrollo Nacional para realizar un completo diagnóstico del mercado de la región, calcular el monto de las inversiones y asesorar en el proceso para seleccionar a un operador inversionista basado en las variables regulatorias y normativas vigentes, permitieron conocer el ambiente internacional para la operación del servicio. Esto fue un acierto, de hecho, los resultados de esa primera convocatoria en la que solo apareció un interesado (Enel), fue la base para adoptar las medidas de salvamento en la ley del Plan Nacional de Desarrollo.

En la otra cara, la lista de desaciertos.

Enfrentar el fenómeno de El Niño de 2019 expuestos en un 30% a la volatilidad de los precios de la energía transada en bolsa, llevó a incrementos de tarifas hasta un 22% mensual. La salida de Hidroituango y la prevención de algunos generadores hidráulicos de venderle energía a Electricaribe en las últimas convocatorias cuentan como las principales causas de esa situación.

Dadas las exigencias económicas para la operación no se ha contado aún con los recursos por 860 mil millones de pesos para inversiones en infraestructura aprobados en dos documentos CONPES en los dos primeros años de la intervención. Sin inversiones y el retiro paulatino del recurso humano del área técnica de la compañía a partir del tercer año ha aumentado las interrupciones del servicio y restado capacidad de respuesta en la atención de daños, al punto de generarse la percepción de que el problema se ha salido de las manos de sus administradores.

Por último, según la Superintendencia hay seis interesados en operar el servicio que hoy presta Electricaribe, sin embargo estos aún no conocen el régimen tarifario que aplicaría. La ley de PND facultó al Gobierno Nacional para adoptar un régimen transitorio que no ha sido expedido.

El tiempo apremia porque el servicio se sigue deteriorando. La Superservicios afirma que en octubre de 2019 se conocerá el nuevo o nuevos operadores y la Costa, el país y el Sistema Eléctrico confían en que así sea. Sin embargo, mientras el proceso de venta avanza, no hay que subestimar que los dueños de Electricaribe mantienen una demanda internacional multimillonaria contra la Nación y esta variable obliga a la necesidad de plantear la conciliación como alternativa de solución.
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