Desde hace algunos años se viene hablando de un tal "choque de trenes" entre las distintas altas cortes en Colombia, el conflicto: la tutela contra sentencias, ¿ quién tiene la razón ?, en la opinión de Francisco Bermúdez Guerra : "el problema es normativo, ya que la Corte Constitucional estima que por mandato constitucional ella es la principal autoridad en materia de interpretación de la carta política y en revisión de tutelas, sin embargo,
el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia también son las más altas instancias en la jurisdicción contenciosa administrativa y en la ordinaria respectivamente, según la Constitución, por lo que determinan que cualquier fallo en esas materias debe ser asumido por las mismas corporaciones, el asunto es bastante complejo y no parece tener solución posible, ya que todas las corporaciones desde su punto de vista, tienen la razón". Este "choque de trenes", pone en tela de juicio la seguridad jurídica del país".
La justicia en Colombia está en una crisis muy profunda, no funciona como servicio público para el ciudadano. Como estructura de la Rama en su parte Alta esta hipertrofiada, está viciada por muchos de los males de la política tradicional.
La aptitud de las Altas Cortes ha sido oponerse a cualquier reforma que no sea concertada con ellos y como una evolución auténtica a la justicia en Colombia necesariamente pasa por modificar esas Cortes; El Consejo de Estado, El Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional.
La mora y la congestión judicial hace que acudir a la justicia puede llegar a terminar siendo solo un ejercicio teórico porque la distancia que existe entre la decisión definitiva que hace que el conflicto quede superado y definitivo es abrumadora. La necesidad del ciudadano que recurre a este servicio público a pesar de ser gratuito es realmente absurda. Discutimos de procesos que pueden durar de diez a quince años.
La Constitución es muy clara en definir cuáles son los órganos competentes para pronunciarse en los distintos ámbitos en que la jurisdicción define sus fronteras; el vértice de la jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema de Justicia, el vértice Contenciosa Administrativa es el Consejo de Estado y el vértice Constitucional es la Cote Constitucional.
Cada una de ellas solo puede hacer lo que le está permitido sino estaría violando el orden jurídico, el choque de trenes no está superado es necesario que el tráfico sea doble dirección. La función de los tribunales de justicia son órganos de cierre que deben asumir como lo hizo en su momento la Revolución Francesa.
Vivianne Morales quien es la nueva fiscal general de la nación tiene la misión de manejar algo tan inmanejable como la Fiscalía. Morales Fue elegida representante a la Cámara por el partido Liberal y posteriormente senadora. Fue la autora de la Ley de Cuotas, de la Ley de Libertad de Cultos y de la Ley de Acciones Populares, además ponente de la Ley de Extinción de Dominio y de la Ley Estatutaria de Partidos Políticos.
Como representante a la Cámara participó en el controvertido proceso 8.000 y votó con otros 108 representantes por la absolución al presidente Ernesto Samper, decisión que le acarreó una acusación de prevaricato por lo que interpuso y ganó una acción de tutela ante la Corte Constitucional que consagró la inviolabilidad del voto parlamentario. Posteriormente, ha sido conjuez de ese alto órgano judicial.
En casi todos los congresos y parlamentos del mundo según el sistema político vigente este la institución de la inviolabilidad parlamentaria hecho que garantiza que los congresistas o parlamentarios voten independientemente sin darle cuenta a nadie de sus votos y opiniones. Se dejó claro en la sentencia que lo que lo que no se podía era recibir dádivas, prebendas, porque esos factores externos a la votación y a la opinión podían ser constitutivos de delito de cohecho.
Los retos de Vivianne Morales fiscal en propiedad: la congestión judicial, Justicia y Paz, Yidispolitica, Palacio de Justicia, falsos positivos y corrupción.
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