Amanda y Patricia Rodríguez Iglesias –nombres utilizados para proteger sus identidades- son hermanas de 12 y 7 años, respectivamente. Desde septiembre del 2016, sus padres decidieron cambiar su Maracaibo natal (Venezuela) por Santa Marta, con la esperanza de una mejor calidad de vida, dejando atrás la inseguridad y dificultades económicas que enfrenta su nación. Las niñas arribaron a la capital del Magdalena ilusionadas por hacer amigos y asistir a una nueva escuela.
Tras una larga espera las pequeñas iniciaron clases a finales de enero en su nuevo colegio: la I.E.D El Pando. Hasta entonces todo eran expectativas de tareas y juegos, de compartir con nuevos compañeros. Pero su felicidad duró poco.
Quince días después de comenzar las actividades académicas Amanda, la mayor, fue citada por el coordinador, junto con otros menores coterráneos a la cancha, donde se les informó que no podían seguir asistiendo al centro educativo hasta que sus acudientes pusieran sus documentos en regla.
“A los niños venezolanos los sacaron al patio, el coordinador se dirigió directamente a ellos mientras otros alumnos escuchaban, para decirles que no podían ir más al colegio, cuando esa información tenía que dárnosla a nosotros los padres”, cuenta María Iglesias –nombre empleado para resguardar su identidad-, madre de las hermanas.
Derecho fundamental María, licenciada en Educación Preescolar, denuncia que sus hijas no solo fueron sometidas a una situación humillante, sino que se les violó un derecho básico como el acceso a la educación. Indica que sus pequeñas están excluidas del sistema educativo colombiano debido a que no han podido cumplir con los trámites para solicitarles una visa de estudio.
Según la progenitora, hace un mes las hermanas fueron inscritas e incluidas en una lista de ingreso, comenzando a ir a la escuela. Quince días después se presentó Migración Colombia en el centro educativo para una inspección y advirtió que si encontraban menores extranjeros la institución pagaría una multa de cinco millones de pesos. Desde entonces las pequeñas y sus compañeritos fueron sacados del colegio.
“Yo soy vocera de un grupo de 12 representantes con 20 niños venezolanos. El día de las pruebas de ingreso y matricula me preguntaron si tenía uniformes, yo dije que no. Había una bolsa en una oficina y me dijeron que podía agarrar lo que me sirviera. Para mí eso fue emocionante, porque la agarré y llamé a todos mis paisanos para darles sus uniformes. Hasta ese momento la escuela nos colaboró, apreciamos eso. Pero luego no recibieron más a nuestros hijos”.
Desde ese entonces Amanda y Patricia están sumidas en la tristeza, por lo que a veces lloran. “Yo como madre tengo que regañarlas por querer ir al colegio y no pueden”, una contradicción en medio de los altos niveles de deserción escolar que muestran las escuelas públicas.
Su ilusión es comenzar una nueva vida.
¿De manos atadas?
Alexis Varela, líder de cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito, reconoce que el acceso al sistema es un derecho universal, por lo que las instituciones adscritas a la Alcaldía tendrían disposición de otorgarles los cupos a los menores extranjeros, siempre y cuando reciban una autorización expresa por parte del las autoridades nacionales en materia educativa y de migración.
“Si los colegios aceptan a los pequeños sin que cumplan con la documentación requerida, corren el riesgo de ser sancionados. De hecho tenemos tres centros educativos que han recibido multas económicas: el Liceo Samario, el Instituto Magdalena y el Liceo Celedón”, informó Varela a EL INFORMADOR.
“La semana pasada la ministra de Educación –Yaneth Giha- dijo que había que darles cupos a los niños venezolanos y nuestra voluntad es hacerlo, pero para eso los ministerios de Educación y de Interior deben emitir una orden formal, enviarnos un documento que nos permita blindarnos de posibles sanciones”.
La norma
Fuentes de Migración Colombia explicaron a EL INFORMADOR que tanto menores como mayores de edad extranjeros tienen derecho al acceso a la educación en el país, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la norma, en este caso una visa de estudio expedida por la Cancillería.
“En el centro recibimos muchísimos casos de venezolanos que nos preguntan qué hacer para que sus hijos puedan estudiar. Nosotros les facilitamos toda la asesoría sobre los requisitos que deben cumplir para obtener visas de estudio para los niños o de trabajo para los padres. El problema es que muchos no pueden cumplir con los documentos porque en la mayoría de los casos ingresan al país de forma irregular”.
De acuerdo con la página web de la Cancillería, entre los documentos que se deben presentar para una visa de estudios se encuentran el pasaporte, registro de nacimiento apostillado, un poder de los padres designando a un responsable del niño en Colombia.
Pero quizá el requisito que más llama la atención es una carta de compromiso autenticada de quien responda económicamente por el menor, acompañada de una certificación bancaria que refleje ingresos superiores a los 10 salarios mínimos (siete millones 377 mil 170 pesos), algo que en el contexto colombiano sería imposible de cumplir.
María cuenta que ella, junto a otros padres, están varados en los trámites de solicitud de visas debido a un papel: el registro de nacimiento apostillado, debido a que en Venezuela es imposible avalar tal documento ante la Cancillería.
De acuerdo con Varela, en la ciudad hay al menos 50 casos de menores venezolanos que no pueden ingresar al sistema educativo, sin embargo, la cifra luce tímida si se considera que solo en el I.E.D El Pando hay 20 esperando cupos, entre ellos Amanda y Patricia, quienes todos los días le preguntan a su mamá cuándo podrán volver a la escuela. Mientras tanto, reciben clases particulares de su propia madre.
“Las niñas pasan todo el día en la casa, con los deberes que yo les pongo. Después de haber vivido la experiencia de ir al colegio y haber hecho amigos. Eso nos ha trastocado a todos como familia. Al menos tres veces a la semana vamos a la escuela, en busca de respuestas, con los niños uniformados por si recibimos la noticias de que los dejaran entrar, pero hasta ahora no ha pasado nada”.
DATOS MIGRATORIOS
Se estima que un millón de ciudadanos oriundos del vecino país residen actualmente en el país, según la Asociación de Venezolanos en Colombia (Asocvencol).
Solo el año pasado ingresaron al territorio 378.547 personas provenientes de la nación hermana, de acuerdo con cifras de Migración Colombia.
Se calcula que solo en Santa Marta están se radicaron unos 3.000 venezolanos el año pasado, según cifras aportadas por la coronel Sandra Vallejos, comandante de la Mesán.
LA CIFRA
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Han sido los centros educativos sancionados en el Distrito por aceptar a niños venezolanos sin la documentación requerida.
Daniela A. García Gómez
Redacción EL INFORMADOR
Redacción EL INFORMADOR
