Desde el 17 de agosto comenzaron a regir en el distrito las nuevas condiciones, que en caso de incumplimiento acarrearán sanciones.
Por: Anayancy Vidal H.
Redacción EL INFORMADOR
Con el propósito de aplicar los mecanismos necesarios para reducir la informalidad laboral en Santa Marta; que es el principal desafío en materia de entorno económico para la ciudad, genera una mayor vulnerabilidad en materia de pobreza y afecta la competitividad del sector productivo; el Gobierno distrital publicó un decreto para el gremio de restaurantes.
Dicho documento, que empezó a regir desde el 17 de agosto y cuya socialización durará tres meses, establece la obligación de que todos los establecimientos de comercio y personas naturales que ejerzan la actividad comercial de restaurantes o quienes ofrezcan servicios gastronómicos en todo el distrito, publiquen los precios de venta al público de los productos ofertados.
El objetivo es hacer de este gremio un comercio formal y leal y, a su vez, poderle facilitar al consumidor la selección económica de los bienes que desea adquirir, así como de escoger al expendedor que considere más conveniente a partir de la vigencia del presente decreto. Lo anterior es en cumplimiento a lo establecido en los artículos 26 y 62 de la ley 1480 de 2011.
Las condiciones
La publicación de los precios debe estar en un lugar visible, ya sea en cartelera o en tabla, con indicación detallada del producto, además el mes y año en el que se determinó el respectivo valor.
El documento resalta además que, en el evento que en un mismo establecimiento aparezcan dos o más precios sobre un mismo producto, el consumidor estará obligado a pagar el precio menor y cuando se compruebe que el consumidor pagó un precio superior al indicado a la lista de precios, le impondrán las sanciones de acuerdo a lo establecido en el Código de Policía.
La Secretaría de Gobierno advirtió que la lista de precios deberá estar autorizada por la entidad y tendrá que fijar un precio máximo al público.
Informe
Según el Informe de Calidad de Vida 2017 publicado por el observatorio Santa Marta Cómo Vamos, en la capital del Magdalena desde que se inició la primera medida laboral en el 2007 hasta el año pasado, la informalidad se ha mantenido por encima de 60 por ciento, es decir que hay 126.187 trabajos informales y 78.355 están en la formalidad.
La lucha frontal contra la informalidad, por ejemplo, en El Rodadero, a través de la Policía de Turismo, Indetur y ProRodadero, es constante, sobre todo en la playa de este balneario turístico, donde comerciantes se expanden y ofrecen sus productos sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley.
Este flagelo termina afectando la economía local e involucrando a Santa Marta como una de las siete ciudades del Caribe con mayor informalidad, tal como lo registró el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane. El año pasado afirmó que la capital magdalenense ocupaba el séptimo lugar, con el 61.2 por ciento, seguida de Montería, Valledupar y Riohacha.
Según el Informe de Calidad de Vida 2017 de Santa Marta cómo vamos, en la capital del Magdalena desde que se inició la primera medida laboral en el 2007 hasta el año pasado, la informalidad se ha mantenido por encima de 60 por ciento.
