Polémica ha causado a nivel nacional la revelación de un contrato del magistrado Cesar Reyes, quien fue ponente del caso que hoy tiene en detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, celebrado durante el Gobierno de Santos por una exorbitante suma.
El contrato por un monto de 575.674.360 pesos en un plazo de ejecución de cuatro meses, fue publicado por el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático.
El contratante fue el Departamento Administrativo de la Presidencia, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, representado en ese entonces por María Inés Restrepo Cañón.
El documento especifica el objeto del contrato, referente a entrevistar a presos en las cárceles o personas con medida de aseguramiento que hagan parte del listado de las Farc-EP para establecer su situación jurídica y de salud, en el marco del proceso de paz que en ese entonces se adelantaba en Cuba.
“EL contratista se obliga a prestar a la entidad por sus propios medios. con plena autonomía técnica y administrativa. Los servicios para realizar una investigación de campo: consultar fuentes primarias y fuentes secundarias para establecer la situación jurídica actual y precisa y el estado actual de salud de las personas con medida de aseguramiento o condenadas relacionadas en los listados que entregue a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el delegado autorizado de las FARC-EP en el marco de la mesa de conversaciones que se adelanta en la Ciudad de la Habana”, dice textualmente el documento.
En el contrato, Cesar Augusto Reyes Medina, quien en ese entonces no era magistrado, figura como representante legal de la empresa Nueva justicia y litigación oral Ltda.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó a través de su cuenta de Twitter “Del contrato directo del magistrado Reyes con Santos no se qué pensar, ¡menos qué escribir!”