Grupos armados estirarían administrando 14.000 hectáreas del Cauca que habían sido decomisadas por el gobierno.
Mediante una crisis interna de la Sociedad de Activos Especial, estalló un escándalo por presuntos casos de corrupción que involucra a más de 14.000 hectáreas de terreno que tras ser decomisadas a narcotraficantes volvieron a caer en manos de grupos criminales que las utilizaron para el lucro personal de manera ilegal.
Al menos 53 bienes ubicados en el departamento del Cauca que estaban en poder de la SAE una entidad que es la encargada de aplicar la extinción de dominio a todos los bienes y propiedad obtenidos por actividades ilícitas para ponerlos a disposición de la Nación.
La denuncia fue puesta directamente desde la Casa de Nariño e involucra a lujosas propiedades del Cauca las cuales están siendo administradas por grupos ilegales con la presunta complicidad de funcionarios del Estado.
Según denunció Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, la problemática es altamente “peligroso porque toca bolsillos e intereses” de personas poderosas de la región.
Le puede interesar: ¿Crisis en la Presidencia? Salen tres ministros del gabinete de Gustavo Petro
Un informe oficial de la Secretaría de Transparencia demuestra que la mayor cantidad de hectáreas de la SAE en poder de criminales está en Popayán, con un total de 3 bienes que agrupan 6.800 hectáreas de tierra. En segundo esta Timbío, con 6.000; Patía, con 706; El Tambo, con 551, y por último Balboa, con 402 hectáreas.
Idárraga manifestó que el Cauca presenta esa serie de problemas en 14.832 hectáreas de la región, no obstante, la Presidencia no excluye que haya más bienes en todo el país que, pese a ser de la SAE, están siendo administrados por ilegales.
La directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, a finales del 2022, presentó una denuncia que en la SAE había presuntos manejos corruptos que estarían afectando el dinero que era enviado para reparar a las víctimas.
Según Tobón Yagarí, al interior del Fondo para la Reparación a las Víctimas se encontraron alrededor de 43 lotes, terrenos y fincas de grandes magnitudes que estaban siendo arrendados por entre 4.000 y 100.000 pesos colombianos, un valor sumamente alto comparado con lo que sería su canon real.
Quizás le interese: Borrador de la reforma laboral: así quedarían los dominicales, festivos y jornada nocturna
Por otra parte, la entidad encontró de los 2.346 bienes que administra el Fondo, a septiembre de 2022, más de 900 presentan ocupación irregular.
La Unidad dio informes de cómo funciona el Fondo y por qué administra bienes de ilegales. Mediante el informe añadió que un funcionario de la Unidad de Víctimas de dicho fondo es la encargada de administrar los bienes que son entregados por desmovilizados de las guerrillas y paramilitares como también otras propiedades de la SAE.
La Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación ya han abierto procesos que, incluso, han enfrentado al director de la SAE, Daniel Rojas, con esos entes judiciales.
La SAE vs la Procuraduría
De todos los procesos, el más pesado se trató de una decisión de la procuradora general, Margarita Cabello, de suspender por tres meses a Rojas de su cargo como director de la SAE.
Para aquel entonces, Daniel Rojas fue suspendido por el presunto detrimento patrimonial que habría generado una mala administración de un contrato con la empresa de servicios públicos Triple A.
El proceso fue investigado después de que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, cuestionara la decisión de Rojas de tomar posesión de la empresa Triple A, según él, “incumpliendo de manera arbitraria el contrato de compraventa con la empresa K-yena, en la cual el Distrito de Barranquilla tiene participación mayoritaria”.
Sin embargo, la suspensión de Rojas duró poco. Menos de 15 días después de que el ente de control anunciara la suspensión de 3 meses, la misma Procuraduría decidió revocar la medida y permitir “el reintegro a sus funciones sin ningún trámite legal”.