Las peticiones de dos fiscales de la Seccional Bolívar para que cuatro hombres fueran enviados a prisión por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, fueron atendidas por un par de jueces de control de garantías.
El primer proceso cobijó a Pedro Daniel Cuevas Chiquillo, Edwin José Jiménez Varga y Wilton Enrique García Zambrano, capturados por la Policía Nacional en el barrio La Castellana de la capital de Bolívar.
La investigación evidenció que los procesados se encontraban al interior de un vehículo que estaba estacionado en vía pública. Durante una requisa a los procesados les fue encontrada un arma 9 mm, un proveedor y ocho cartuchos del mismo calibre, sin permiso oficial de porte.
El otro caso sucedió en el municipio de María La Baja (Bolívar) e involucra a Fredys José Urruchurto Julio. El presunto implicado habría participado en el robo a una vivienda de esa población y habría herido con arma blanca a un hombre de la tercera edad, propietario del inmueble.
Labores de Policía Judicial establecieron que el implicado una vez salió de la residencia, también habría hurtado un celular y dinero en efectivo al conductor de un taxi y huyó del lugar.
La Policía Nacional que fue alertada sobre los hechos delictivos, a través de un plan candado logró la captura del presunto responsable horas después. En su poder le fue encontrado una pistola 9 mm, una vainilla del mismo calibre, el celular que presuntamente le robó al taxista, dinero en efectivo y más de 130 gramos de cocaína.
Le podría interesar: Aseguran a mujer que pretendía llevar dos kilos de cocaína de Cartagena a Ámsterdam
En las audiencias concentradas, Urruchutro Julio no aceptó su responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones ni el de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, imputados por el ente acusador. La Fiscalía además investigará su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado y tentativa de homicidio.
Ninguno de los cuatro procesados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía. Todos deberán cumplir las medidas en centros carcelarios.