Asimismo, requirió a estas entidades un informe detallado sobre las acciones desarrolladas para contrarrestar la violencia en esta zona del país.
En misivas enviadas al ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, y al gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, la Procuraduría General de la Nación solicitó garantizar la seguridad y protección a la población que habita en municipios ubicados en Los Montes de María, dado el incremento de hechos violentos que continúan afectando a esta subregión.
Ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la materialización y consumación de las alertas tempranas, y el escenario latente de riesgo en esta zona del país, el ente de control requirió a las entidades mencionadas un informe detallado de las acciones desarrolladas para contrarrestar la violencia.
En sus cartas, el Ministerio Público citó los más recientes hechos ocurridos en lo corrido de 2022, entre los cuales se encuentran presuntas amenazas contra líderes y lideresas sociales en Ovejas, homicidios en El Carmen de Bolívar, Zambrano y Colosó, y denuncias de las comunidades de El Carmen de Bolívar y Ovejas sobre reuniones convocadas por Grupos Armados Organizados (GAO).
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Asimismo, mencionó el desplazamiento de tres familias en el corregimiento de Almagra, el atentado que tuvo como saldo un policía muerto y dos heridos en El Carmen de Bolívar, y un hecho violento en el que perdieron la vida un policía y un civil en el municipio de Colosó.
En las comunicaciones dirigidas al ministro del Interior y al gobernador de Bolívar, la Procuraduría evidenció que la ocurrencia de estos hechos en torno a las economías ilícitas generadas por narcotráfico, su ubicación estratégica, y la distribución de sustancias psicoactivas en la zona, han sido advertidas a las autoridades competentes sin lograr respuestas efectivas.
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De otra parte, solicitó a estos entes convocar un Comité Intersectorial del Plan de Atención Oportuno, con la participación de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior, Fiscalía General de la Nación, y Fuerza Pública, entre otras entidades, con la finalidad de hacer seguimiento a los compromisos establecidos desde el 2020.
Finalmente, como representante y defensora de los derechos de la sociedad, la Procuraduría recordó su disposición para coadyuvar en los casos en los que se considere pertinente su intervención, y aseveró que, en desarrollo de la función misional preventiva, la Entidad continuará con las diferentes actividades de acompañamiento y seguimiento a estos temas.
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