Los agentes del ministerio público son simples “mirones” al pendiente más de la politiquería que de proteger el interés público y el control administrativo. La mayoría están sub judice por presuntas irregularidades en el proceso de elección. En Plato, la Personería ha sido permisiva en abrirle espacio a “Veedurías de papel” de Cartagena para que ejerza su labor de vigilancia a los procesos de contratación de la alcaldía, propiciando la corrupción.
Las Personerías municipales en el departamento del Magdalena se han convertido en entidades distorsionadoras de su deber cual es el de representar al Ministerio Público y sus titulares en simple mirones al pendiente de la politiquería por encima de velar por la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y el control administrativo en el municipio.
La mayoría de los personeros de los municipios del Magdalena se encuentra sub judice, oficiando en calidad de encargados, por presuntas irregularidades en el proceso de elección, como ocurre con los personeros, cuyo concurso de méritos fueron demandados ante el Tribunal Contencioso y otros que son investigados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.
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Hay personeros, en particular algunos, cuyos municipios hacen parte de la Subregión Centro del Departamento, que están más al pendiente de pagar el favor a los concejales y al alcalde que dio el visto bueno para su elección, que de velar por la protección del interés público y el control administrativo en el municipio.
En esos municipios los alcaldes han hecho lo que se les viene en gana con la contratación y para colmo la presencia de grupos armados al margen de la ley se ha incrementado y todavía no se conoce una alerta de ninguna de las personerías que allí funcionan con respecto a la violación a los derechos humanos ni mucho menos de amenaza a la población. Los titulares de dichas oficinas están más pendientes de complacer y acompañar al alcalde en sus actividades administrativas.

En Plato
Un caso particular se presenta en la Personería de Plato, en donde el número de quejas por presuntas irregularidades en la contratación alcanza todos los sectores de la administración pública.
Allí, la titularidad de la agencia del Ministerio Público la ocupa el abogado Carlos Curiel, y el concurso en el que fue elegido para ocupar la terna de la que finalmente lo eligió el concejo municipal, está siendo investigado disciplinariamente por la Procuraduría general, la cual de un momento a otro lo puede dejar cesante.
Sobre Curiel hay quejas de plateños que aseguran que anda para arriba y para abajo con el alcalde Armando Campuzano más al pendiente de sus actividades de gobierno, que, de investigar las presuntas irregularidades denunciadas en contra del burgomaestre con respecto a los procesos contractuales, tales como el PAE, el transporte escolar, la contratación del Parque Santander que aún no arranca, el Plan de Alcantarillado, la Plaza del Hombre Caimán, entre otros.
Para colmo, Curiel ha sido permisivo en volver a abrirle espacio a “Veedurías de papel” de Cartagena para que ejerzan su labor de vigilancia a los procesos de contratación de la alcaldía, propiciando de esta manera la corrupción. En Plato, la corrupción pasa desapercibida precisamente por permitirle a esas veedurías cartageneras la vigilancia de los procesos contractuales, que a la larga no ejercen, sino que utilizan su rótulo para rebuscarse con los alcaldes.
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Las veedurías son funcionales en la medida en que la ejerza el mismo pueblo donde se lleve a cabo la contratación, y en el caso particular de Plato ha sido mala costumbre de sus alcaldes y de los personeros aceptar veedurías de Cartagena para dejar pasar desapercibida cualquier anomalía en los procesos de contratación, tal como ocurrió el año pasado con los contratos suscritos en esa vigencia.
Al recién abierto proceso de contratación del PAE 2025, ya le colgaron una solicitud de 4 puntos de una tal Veeduría Democracia Activa con sede en Cartagena, cuyo presidente y representante legal se hace llamar José Javier Caro De la Cruz, un abogado cartagenero quien en cada proceso contractual representa a una veeduría distinta, pues en el proceso de licitación que abrió Transcaribe para la adquisición de una nueva flota se presentó como representante de la “Veeduría ciudadana nacional no a la corrupción”.
“Estas veedurías se la pasan cazando procesos de contratación por fuera de su jurisdicción, vienen es a rebuscarse aquí a Plato y demás municipios de esa zona del departamento; pero mas la personería que se lo permite, seguramente porque alcalde se le facilita hacer su tramoya”, dijo una fuente quien se abstuvo de suministrar su nombre por seguridad.