El abogado Hernando Zabaleta Echeverry, reclama celeridad en el proceso de nulidad electoral contra el Gobernador, Rafael Martínez, por doble militancia. Según el jurista, funcionarios del despacho del Magistrado Luis Alberto Álvarez estarían dilatando el proceso por lo que fueron denunciados disciplinaria y penalmente.
La tutela que, fue impetrada por el abogado Hernando Zabaleta Echeverry reclama el amparo de sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia con ocasión de la mora judicial en la que haya podido incurrir el Consejo de Estado, Sección Quinta en el trámite del medio de control de nulidad electoral correspondiente al gobernador del Magdalena.
La Sección Segunda del máximo Tribunal Contencioso admitió la tutela por cumplir con los requisitos legales al tiempo que decidió vincular en calidad de terceros con interés a los señores Rafael Alejandro Martínez, Holman Ibáñez Parra y al Consejo Nacional Electoral.
Según el abogado Zabaleta Echeverry, el proceso en contra del mandatario departamental lleva casi cuatro meses al despacho de la Sección Quinta, sin que haya surtido siquiera la audiencia inicial, en tanto el proceso que hubo contra el Alcalde de Remolino, José David Escorcia, llegó a segunda instancia el 23 de octubre y fue resuelto el 22 de noviembre, por el mismo despacho.
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El abogado considera que ha habido negligencia de parte de funcionarios del Despacho de la Sección Quinta para tramitar el proceso a fin de que llegue a manos del magistrado Alberto Álvarez Parra, quien, según su concepto, ignora completamente lo que está sucediendo.
“Mi intención con esta tutela no es pelear con el magistrado, porque estamos seguros de que él ignora la situación, lo que seguramente está pasando es que quienes laboran en esa Sección Quinta del Consejo de Estado, le están dando manejo al proceso como ha ocurrido con otros casos en los que el movimiento político del gobernador influye en las decisiones judiciales”, dijo Zabaleta.
Ante esta situación el abogado Zabaleta Echeverry, denunció penalmente ante la Fiscalía y disciplinariamente ante la Procuraduría a los funcionarios por establecer, adscritos al Despacho de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Penalmente, por el delito de prevaricato por omisión.
