Según el contralor departamental Alberto Mario Garzón, la suspensión del cobro de la opción tarifaria es ‘consuelo de tontos’, porque de todos modos hay que pagar esa deuda que el gobierno nunca la asumió, sino que se la difirió a los usuarios Congresistas de la época fueron los responsables que los costeños tuviéramos que pagar una tarifa diferencial al aprobar el ‘mico’ introducido en la Ley que adoptó el Plan de Desarrollo de Duque.
Por Rubén Peña
Noriega
Redacción Política
EL INFORMADOR
El contralor general del Departamento del Magdalena, Alberto Mario Garzón Wilches, promueve una demanda de control de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, que busca eliminar, bajo el precepto del derecho a la igualdad que establece la Constitución Política Colombiana, la denominada ‘tarifa diferencial’ que se nos impuso a los costeños en el cobro de la energía para los usuarios del servicio que presta Air-e en el Caribe.
Garzón, dijo que esa demanda que se presentará por vía de tutela busca contar con la coadyuvancia de los demás órganos de control y de la Defensoría del Pueblo y estará dirigida específicamente a que se declare por parte de la Corte la inexequibilidad o inconstitucionalidad del artículo 318 de la Ley 1955 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, del expresidente Iván Duque.
Para el contralor del Magdalena, el problema de que los costeños estemos pagando unas tarifas de energía más altas que las del resto del país, radica precisamente en ese artículo de la Ley que se adoptó cuando inició el proceso de liquidación de la extinta Electricaribe y poder hacer atractivo a otras empresas el negocio de la comercialización de la energía en la costa.
Lo que hizo el gobierno del expresidente Duque fue ofrecerle, para el caso particular de Air-e de propiedad de la familia Ríos, el cobro de una tarifa diferencial que terminó siendo un “mico” introducido a la Ley del Plan de Desarrollo, en detrimento de la economía costeña, pues se estableció un valor superior al que se paga en el resto del país, enriqueciendo al empresario y empobreciendo a los costeños.
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“Nosotros necesitamos como población costeña es que se elimine de una vez por todas esa tarifa diferencial que se le aplica a la costa, mientras que en los demás territorios del país la energía es más barata aquí resulta más cara, porque se estableció una tarifa diferencial únicamente para la Costa, con una autorización que está consagrada en el artículo 318 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, que autorizó al gobierno a que la costa norte de Colombia pagara una tarifa diferencial más costosa a la del resto del país”, dijo Garzón.
Afirmó que lo que hizo en ese momento el gobierno fue un “negocio”, pues no había quien asumiera la comercialización del servicio de la energía en reemplazo de la extinta Electricaribe. “Esto fue un negocio, el gobierno inicialmente, interviene Electricaribe con fines de liquidación, le transfieren a título de venta todos los bienes a una empresa que se denomina Air-e, propiedad de la familia Ríos, se la venden a un precio cuestionado, y, para ayudarles a que su negocio fuera más rentable le dijeron vamos a incluir en la ley una autorización al gobierno para que se les permita a ustedes cobrar más caro que lo que cobran las demás empresas en el resto del país”, explicó.
A juicio del funcionario, el artículo 318 viola flagrantemente la Constitución. “Por eso el suscrito en mi condición de ciudadano y en mi calidad de contralor, entendiendo que tenemos una responsabilidad en el ejercicio del control social frente a lo público he tomado la decisión de presentar una demanda ante la honorable Corte Constitucional, para que revise ese artículo y lo declare inexequible, estoy convencido que esa norma viola los artículos 1, 2, 158, 365, 366, y 367 de la Constitución, una norma que nos ha generado un perjuicio y un descalabro económico a los costeños, en mala hora se estableció esta tarifa diferencial para la costa que es lo que hay que eliminar”.
El contralor Garzón cree sin lugar a duda que los congresistas de la época también contribuyeron a que esa tarifa diferencial recayera en el bolsillo de los costeños al aprobar el artículo introducido en la Ley 1955 de 2019 que adoptó el Plan de Desarrollo del presidente Duque.
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“Eso se ha venido diciendo porque ellos discutieron y aprobaron la ley 1955 de 2019 que adoptó el Plan de Desarrollo, que se denominó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que es todo lo contrario porque no es equitativo, cuando a unas regiones se lo cobran a un precio y a nosotros otro más caro. Esperemos que dirán la Corte y la Creg; ya ha habido acciones conjuntas de diferentes sectores del país nacional y de los habitantes de la costa, quienes hemos tomado diferentes vías para eliminar esta tarifa diferencial”, comentó.
El funcionario departamental considera además que lo de la suspensión por parte de la Superservicio del cobro de la opción tarifaria y la supuesta rebaja del 25% en el cobro de la tarifa de energía para la costa no es más que un paño de agua tibia, a la solución de los altos costos de la energía en esta zona del país.
“Hoy se viene afirmando que la factura va a tener una rebaja de un 25%, eso es cierto, pero no porque el costo del kilovatio haya bajado sino porque se suspende el cobro del consumo que tuvimos demás cuando la pandemia y que en vez de asumirlo el gobierno, lo que hizo fue trasladarlo al usuario cobrándose en cuotas mensuales a un año para el caso particular de Aire-e, mientras que en otras regiones del país se lo difirieron a dos y hasta 5 años; a eso se le llamó opción tarifaria, lo que lógicamente va a traer como consecuencia la disminución del precio de la factura. Para mí es un paño de agua tibia, es un consuelo de tontos, porque lo que de todos modos la vamos a tener que pagar”, anotó.
