Se debe integrar al proceso a los indígenas además de los campesinos, además del sector agropecuario y agroindustrial, como los más afectados.
El gobierno nacional debería implementar una propuesta encaminada a integrar a la diversidad de comunidades que hacen vida en el territorio colombiano, desde los indígenas hasta miembros del sector campesino, agropecuario y agroindustrial, que en otrora fueron marginados de la concertación en el propósito de paz.
Hoy contamos con un escenario incluyente, bajo una propuesta supremamente humanista que permita un diálogo nacional en punto de establecer las estrategias que permitan negociar una paz social estable y duradera, destacando las labores aquellos grupos marginados que no fueron incluidos en las negociaciones anteriores.
El escenario jurídico determinado a partir de la Ley 418 del año 1997, la Ley 2272 de 2022, los artículos 22 y 188 de la Constitución Política, la Sentencia C-525 del 2023, lo dictado sobre la materia en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que eleva a la paz como un derecho, nos conlleva a considerar, reiterando la ley 2272, que cuenta con un escenario jurídico que posibilita la concertación nacional, promoviendo diálogos socio jurídicos, tópico que no fue tenidos en cuenta en anteriores propuestas.
Comunidad
debe ser
escuchadas
Por otro lado, además de los diálogos socio jurídico, se debe escuchar las necesidades, conveniencias y estrategias dirigidas a conseguir un país más equitativo, más humano, incluyente; y en ese sentido, corresponderá acudir al Congreso de la República en búsqueda de una ley de manera formal, estable, adecuada, que determine beneficios, y las condiciones dentro de un Estado Social de Derecho Democrático, que permita que cada uno de estos actores de una manera definitiva hagan conocer sus inquietudes, sus circunstancias de desigualdad social y política, y que sirva de base para un modelo de justicia transicional y social.
Normas del
Derecho
sebe ser
integradas
Aunado a lo anterior, se debe hacer énfasis en un aspecto cardinal, las normas del derecho internacional, del derecho penal y del derecho humanitario deben integrarse a cada una de estas propuestas. Ahora bien, dentro de un sistema democrático, el derecho penal reviste suprema importancia, toda vez que como sistema epistemológico el Estado colombiano se sustenta bajo los principios de legalidad y proporcionalidad, principales vertientes que rigen al derecho penal. Estos principios deberán acompañar al interior del proceso de consecución de paz, permitiendo así, bajo criterios de legalidad, bajo una propuesta de ley ante el Congreso de la República, conseguir que se integre beneficios en puntos de la participación, el respeto a las víctimas, la reparación de estas y un tema importante, la debida utilización de los bienes para ser distribuidos en el Estado. Bienes que entreguen los grupos dentro de la concertación, que sean redistribuidos de manera rápida por el Estado para la formación y el desarrollo cultural.
Papel
de las
víctimas
en el
proceso
de paz
Ante este tema de interés nacional, regional y local, el abogado y director jurídico de los diálogos socio-jurídicos de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta, Alex Fernández Harding, señaló que, “las víctimas deberán ser un gran factor predeterminante dentro del proceso de paz, y para ello se debe acudir a los organismos internacionales que pueden funcionar como entes vigilantes para evitar que existan o se utilicen menores por fuera del conflicto. Aparte de ello, el proceso de paz debe promover la creación de fuentes de producción económica en el sector agrario, reitero el sector agrario no incluido, sector absolutamente deprimido en nuestro país”.
Señaló además que, “a ese Estado es al que hay que llegar, donde el escenario ideal sea incluir aquellos sectores que históricamente han sido marginados y que han soportado por décadas la discriminación y el holocausto de la guerra. Hoy, se debe proveer las condiciones para que sean actores fundamentales y no volver a ser excluidos en las negociaciones para la paz total. Teniendo estas bases claramente sostenidas, se puede diseñar un modelo que articulé cada una de las fases: la legal, socio-jurídicas, de redistribución de riquezas y de generar economías”.
En ese orden de ideas, el plan de desarrollo para este período, de 2022 a 2026, se denomina ‘Colombia potencia mundial de la vida’, y sus puntos principales son: I) ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental; II) seguridad humana y justicia social; III) derecho humano a la alimentación; IV) transformación productiva, internacionalización, y acción climática y, V) convergencia regional. Precisamente este plan de desarrollo contiene la base de la Política pública de ‘Paz Total’.
El asunto es, que se requiere, como previamente ya se ha indicado, de la participación de todos los actores políticos y sociales, y en ese sentido se debe incluir en el proceso de negociación, a las organizaciones GDO y AG, a efecto de ofrecerles un conjunto de garantías jurídicas que permitan a dichos grupos acogerse a la justicia transicional, a cambio de algún beneficio dirigido al cumplimiento de las penas, en pro de establecer las condiciones ideales para la consecución de la paz total y definitiva en el país.
Reiteró el jurista que, “existe la necesidad de incluir más miembros y la necesidad de tramitar la ley ante el Congreso de la república”.
