El exfuncionario ‘cuadraba’ el giro de coimas y coordinaba con otros funcionarios la consignación a sus cuentas bancarias de esos dineros. Lo que prácticamente operaba en la alcaldía era una red de corrupción alrededor de la contratación. Un solo contratista giró 33 millones 500 mil pesos a 4 exfuncionarios.
Se conocieron más detalles del escándalo que estalló la semana pasada en el municipio de Plato y que involucra directamente al exasesor jurídico de la pasada administración Alberto Brigantes Ramos, quien presuntamente tenía montado todo un ‘entramado de corrupción’ en la contratación de obras y la suscripción de convenios de cooperación para la realización de campañas de prevención de la accidentalidad.
Según los chats de WhatsApp revelados por uno de los contratistas a quien le quedaron debiendo la ejecución de varios contratos en el primer año de la administración de Jaime Peña Peñaranda, el abogado Brigantes Ramos era quien ‘cuadraba’ el giro de ‘coimas’ o ‘mordidas’ a los contratos y coordinaba con otros exfuncionarios la consignación a sus cuentas bancarias de esos dineros.
Lo que prácticamente operaba en la alcaldía de Plato, durante la administración de Jaime Peña era una red de corrupción, que habría comenzado a hacer sus pilatunas desde el primer año de gobierno, bajo la tutela del entonces asesor jurídico y funcionario de entera confianza del alcalde Peña.
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En uno de los chats están grabados los nombres de los exfuncionarios que coordinaba Brigantes y la cantidad de dinero que cada uno de ellos recibió y un total girado por el orden de los 33 millones 500 mil pesos. En ese chat aparecen los nombres de Jhon con 9 millones, Mercedes (Nereida) con 11 millones, Franklin con 7 millones 500 mil y Daniel con 6 millones.
En otro chat se puede leer que Brigantes era quien enviaba los nombres y números de cuentas para las consignaciones, al igual que los valores que el contratista debía girar a esas cuentas. Los nombres completos de los ya mencionados son, Jhon de Jesús Escobar Campo, Franklin Fonseca Molina, Nereida Esther De Arco Herrera y Daniel Eduardo Peña Herrera.
Mientras que en otros chats aparecen los nombres de otras personas que prestaban sus cuentas para recibir otras consignaciones y reemplazar a los ya mencionados, son ellos, Diana Ramos Bayona, quien recibió una consignación para Jhon Escobar encargado de elaborar las actas de inicio de los contratos, y Sergio Andrés Tabares Mendoza.
También se puede leer en los mansajes de WhatsApp que quien inició la negociación con el contratista fue el señor Brigantes Ramos para la adjudicación del contrato-convenio por la suma de 135 millones 714.286 pesos, cuyo objeto contractual fue, “Aunar esfuerzos administrativos para la realización de campañas en pro de la reducción de accidentalidad, salvaguardar la vida, lograr disminuir los índices de lesionados y fallecidos en accidentes de tránsito en el municipio de Plato Magdalena”. El aporte del municipio en este contrato fue de 95 millones de pesos mientras que el contratista Fundación Soltransvial, aportó 40 millones 714.286 pesos.
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Se conoció que ese fue uno de los dos contratos que se habrían suscrito con el contratista que hizo la denuncia pues en diciembre de 2020, el exasesor jurídico de la alcaldía le dice al contratista que necesita liberar 195 millones 517.799 de una disponibilidad presupuestal de 257 millones 268.327 pesos y a renglón seguido le dice que con eso le pagaría 65 millones 750.529 pesos.
Al día siguiente, 30 de diciembre de 2020, Brigantes le informa al contratista que “podríamos pasarle 50 y devolverle 50" y después se presenta un cruce de mensajes en el que ambos se regatean el giro de dineros.
Esa contratación le habría servido a Brigantes presuntamente para posteriormente montar su propio ‘negocio’ de contratación de campañas de tránsito pues en los años 2022 y 2023 contrató las mismas campañas de tránsito con su amigo Kevin Pacheco Del Castillo, un joven administrador inmobiliario a quien contrató también como periodista.
Por Rubén Peña Noriega
Redacción Política
EL INFORMADOR
