Estos serían los precios que aplicarían para el caso de gobernación y alcaldía de Santa Marta.
Los grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales pequeños no la tendrían fácil para avalar candidaturas a las distintas corporaciones públicas en las elecciones territoriales de octubre próximo, en cuanto a la adquisición de la póliza de seriedad que exige la norma electoral para garantizar la participación en el debate.
El Consejo Nacional Electoral publicó en días pasados la tabla con los respectivos precios de esas pólizas, estipulados con base en el número de habitantes de cada ente territorial tanto para gobernaciones y asambleas, como para alcaldías, concejales y ediles.
En el caso particular de Magdalena, los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos que pretendan avalar candidaturas a gobernación y asamblea deberán suscribir una póliza de seriedad de candidaturas que deben presentar al CNE al tiempo de la inscripción de las respectivas aspiraciones por un valor equivalente a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que corresponde a un número de habitantes entre los 700 mil y 2 millones de personas.
Haciendo la respectiva operación matemática, el valor de la póliza para Magdalena estaría en una suma superior a los 300 millones de pesos.
Para el caso de Santa Marta los grupos y movimientos que aspiren avalar candidatura a alcaldía y concejo deberán obtener una póliza por un valor equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que arrojan un valor superior a los 140 millones de pesos.
Mientras que, para el caso de ediles de localidades, la póliza para Santa Marta con población inferior a 500 mil habitantes, los movimientos ciudadanos o grupos significativos de ciudadanos deberán cancelar lo equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual arrojo un valor superior a los 14 millones de pesos.
El CNE también dio a conocer en qué casos es obligatorio nombrar gerente de campaña y abrir una cuenta bancaria única para el manejo de los recursos de esa campaña con base en los topes de gastos establecidos, lo cual se liquida con base en el rango del censo electoral tanto para gobernaciones como para alcaldías.