El funcionario argumenta “vulneración a la esfera privada de la conversación”, sostenida en el marco de la visita de la comisión accidental del concejo al Estadio. Los concejales verificaron en esa oportunidad irregularidades en la ejecución de las obras inconclusas del escenario deportivo. Expertos consideran la querella sin fundamento legal, dado que las actuaciones de los funcionarios son públicas.
Como temeraria calificaron algunos expertos la querella instaurada por el secretario General de la Alcaldía Bayron Arrieta Jiménez, en contra de los concejales que conformaron la comisión accidental que visitaron el estadio Sierra Nevada, por haber transmitido en directo a través de Facebook, la concejal Miguelina Pacheco, la visita realizada, para verificar las irregularidades que presenta el escenario deportivo, cuyas obras de construcción, todavía se encuentran inconclusas.
La visita de esa comisión accidental del Concejo al escenario deportivo se produjo en el marco de un debate de control político que adelantaron los concejales, a raíz de los desmanes ocurridos durante el encuentro futbolístico entre el Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla, que dejaron como saldo a uno de los hinchas bananeros muerto, varios heridos y la destrucción de gran parte de la silletería de las gradas.
Durante la visita la concejal Miguelina Pacheco, quien hizo parte de la comisión junto a otros concejales como David Palacio, Martha García, Enrique González y Juan Carlos Palacio; la concejal Pacheco transmitió en directo a través de Facebook todo el desarrollo de la inspección ocular al estadio, desde la llegada de la comisión hasta el retiro de la misma, destacando incluso las conversaciones sostenidas con el secretario General de la Alcaldía, quien media hora después de la llegada de los concejales se acercó a ordenar el ingreso de los ediles al escenario y a tratar de justificar, primero la orden de restricción impartida desde la Alcaldía y segundo, las irregularidades observadas en las obras de construcción.
En la querella ante la Procuraduría el funcionario distrital fundamentó la denuncia contra la concejal, en que según él, “constituye una conducta vulnera la esfera privada de la conversación sostenida con varies miembros integrantes del Concejo Distrital, independientemente del contexto de esta, la cual se circunscribe a las funciones de mi cargo”. Y cita, la sentencia de la Corte Constitucional T-364-2018, la cual estableció que “las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extreme, si no han sido autorizadas expresa por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto”.
Al tiempo, pide se investigue a los concejales miembros de la comisión accidental “con la finalidad de establecer la responsabilidad disciplinaria de los mismos”, por el hecho mencionado.
No obstante, expertos consideran que se trata de una querella sin fundamento legal, toda vez que las actuaciones de los funcionarios de la administración son públicas y la acción de los concejales está enmarcada en el control político que legal y constitucionalmente está reglado.
“Más bien se debe adelantar una acción judicial de contrademanda para que sea este funcionario distrital junto a la alcaldesa quienes se investiguen por interponer denuncias que lo que hacen es colapsar el trabajo de la Procuraduría”, anotó el experto consultado.
