El caso del magistrado Pretel, cabeza principal de la Corte Constitucional ha alborotado un gran avispero en el país; le hacen trizas sin haber sido condenado; él ha manifestado en tono vehemente y retador: si me voy yo, conmigo se van varios de aquí. Los cargos públicos de alto rango crean compromisos, eso se sabe, no debiera ser así, tienen su historia, lo que hizo el antecesor, el que lo ejerce y el sucesor; resultarán implicados los tres, tarde o temprano en investigaciones disciplinarias o penales.
El caso estructural al que haré alusión es una reforma integral ciudadana que requiere Colombia y no se conseguirá en el Congreso de la República con un Acto Legislativo, Ley estatutaria o reglamentaria, no; tampoco creo que con la intervención del presidente Santos, reuniéndose con las Altas Cortes ponga fin a este lío de gran calibre, no servirá para nada; eso es como entremeterse, sabemos que en Colombia existe la independencia de poderes; eso es lo que se dice. Ya no vale jurar ante el Todo Poderoso o los Estatutos propios de cada aspirante a ocupar determinado cargo; ya eso no sirve de nada, solo quedó en una solemnidad que se olvida; sino otro sería el proceder del posesionado.
Volviendo a relacionar al magistrado Pretel, será que con las denuncias que el dé a conocer afrontando también las consecuencias, se saneará el ambiente de corrupción que existe aquí, allí o allá?. De la actual crisis que vivimos; los entes de control tienen que ver mucho en esto, se hacen los ciegos, los sordos y los mudos, o si intervienen me recuerda a una obra de teatro que se titulaba: "Hagámonos pasito". Existe un proverbio muy sabio y cierto, si alguien actúa mal, de él no podrán hablar bien.
No es recoger la leche derramada, ya esa se perdió, se trata de no seguirla derramando. Se requiere un empoderamiento bajo el concepto integral que genere compromiso de toda la actividad del ser humano; entrelazar como eje transversal la participación justa, honesta y tolerante del desempeño correcto en favor del mejoramiento de la calidad del individuo y la sociedad en todos los niveles; dignidad que da legitimidad a la estructuración de una concepción de lo que es el verdadero desarrollo de país. Para ello es vital y trascendental despertar el interés colectivo; direccionar el cumplimiento de las propuestas; en otras palabras cualquiera sea la misión y visión es indispensable tener respeto, sentido de pertenencia, elevarlo y acreditarlo como requisito prioritario; nada de estas prerrogativas se vienen cristalizando, cuando debiera ser un imperativo ético y moral. La imagen del funcionario público hoy día está deteriorada hasta la saciedad, igualmente la del empleado privado; la corrupción está por todos los lados.
Aparecen los puritanos dándose golpes de pecho, rasgándose las vestiduras y exteriorizando ¿qué pasó?; cuando la corrupción es un mal enquistado que ha deteriorado la estructura del sistema desde tiempos remotos y que no encuentra resistencia e insiste en atornillarse.
Por esta época la ética escasea, este es el principio rector que implica la obligatoria corresponsabilidad entre las acciones y las normas sociales. Todas estas absurdas consecuencias dejan como legado una elevada dosis de injusticia y desigualdad social que rompe con los estándares de las verdaderas premisas que simbolizan el equilibrio y la equidad propia de la institucionalidad.
Diga lo que se diga, verdad o falsedad, los ciudadanos debemos analizar para actuar y tomar decisiones con eficiencia y transparencia. Debemos fortalecer una expresión colectiva que abogue por la legalidad, legitimidad y coherencia. La reforma en referencia debe llevar consigo el propósito de formar ciudadanos; un pensar o actuar diferente y que contrarreste la corrupción asqueante y cicatrizante que hoy agobia el país; ojalá esta sea la premisa del cambio que Colombia necesita.