Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
Una de las causas del desorden institucional colombiano es que cada quien quiere acomodar las normas a su propia concepción de delito y castigo. La sensación de ausencia de Estado hace que cada quien tome justicia por mano propia, desde gobernantes hasta ciudadanos anónimos. Viene entonces la usurpación de funciones: cada quien considera que puede hacer lo que a otros corresponde, o simplemente omitir sus responsabilidades.
Los derechos humanos deben ser respetados al máximo, a cambio del máximo respeto de los ajenos: es la base de la civilidad. Todo derecho genera un deber, y viceversa. Cuando uno, como un ciudadano cualquiera, observa la captura de pequeños delincuentes (si es que cabe la expresión) que al poco tiempo salen libres; cuando uno observa que el gran hampón de cuello blanco tiene todos los beneficios que la ley le permite, y hasta más, pero las cárceles se atiborran de inocentes y ladrones por hambre mezclados con los peores criminales; en los juzgados no caben los casos y algunos extrañamente se varan hasta la prescripción; y ve a ciertos prohombres haciendo feudo propio con las normas y el erario, la consternación se transforma en rabia.
Se han entendido mal y aplicado peor los contenidos y postulados de la Constitución Política de 1991.Un ejemplo simple es el castigo y la reparación que se debe a la sociedad por parte de quien ha infringido la norma. Se pide cárcel por todo y para todo, lo menos eficaz para responder ante los semejantes. No sólo el hacinamiento y las condiciones infrahumanas: son verdaderas universidades del crimen.
Desde luego que los delincuentes peligrosos deben permanecer en prisiones de alta seguridad, pero encarcelar a un infeliz mitómano que asustó a unos policías con una temida frase es simplemente ridículo. Mejor forma de castigarle es obligándolo a realizar trabajo social, limpiando calles o parques, además del necesario proceso de resocialización. Igual se puede aplicar para muchas contravenciones o delitos, en las que ese tipo de sanciones sociales obran con mucha más eficacia y menores costos que la jaula o la pena de muerte.
Ahora que avanza el proceso de cese al conflicto (la paz, repetiremos siempre, implica un cambio profundo en la aplicación real de la Constitución Política y un ataque frontal a la corrupción), queremos ver a la guerrilla entera de las Farc en prisión con las máximas condenas posibles. La guerrilla cayó en la peor criminalidad en una guerra tan degradada que ningún actor (legal o ilegal, armado o no) está ajeno a la comisión de delitos atroces; la responsabilidad se reparte en mayor o menor grado entre todos. El gobierno y la sociedad deben tener claro a quién y cómo se aplicará cada forma de justicia.
Ahora se habla nuevamente de la reforma política y a la justicia. Los partidos políticos, grandes privilegiados en Colombia por sobre la ciudadanía, no querrán soltar prenda; los gobernantes venales se opondrán con todas sus fuerzas; los jueces y magistrados de carruseles y carteles aplicarán la justicia a beneficio propio; los legisladores inmorales sólo pasarán lo que les convenga; y los órganos de control del Estado con intereses particulares aplicarán la norma a conveniencia.
Eso es lo de esperar: que los manipuladores de masas apoyados en medios de desinformación masiva harán de cajas de resonancia a las pretensiones de los poderosos. Pues bien. Colombia tiene muchísima gente honesta, apartada de la corrupción que propende por cambios estructurales en beneficio de la inmensa mayoría.
Estamos ad portas de un profundo cambio del actual contrato social colombiano: la sociedad debe pronunciarse frente a esa corruptela enquistada en el Estado con distintas máscaras políticas pero con un solo propósito: mantener un catálogo de privilegios por encima de millones de colombianos afectados por esas prácticas ajenas a la moralidad pública, la ética, el derecho y la justicia. Las cortes deberán demostrar que están por encima de unos pocos personajes que se creen dueños de un feudo llamado Colombia. Es la prueba de fuego de todos los poderes frente a la nación: hacer que las aguas vuelvan al cauce de la institucio-nalidad y que cada quien actúe según le corresponde en la sociedad: que cada loro regrese a su estaca.