El próximo año se realizará la tercera revisión constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) o Transferencias, hecho importantísimo en materia de orden territorial y relaciones entre los niveles de gobierno.
Es fundamental recordar que lo aprobado en la Constitución del 91 en materia de Transferencias hacia las entidades territoriales fue truncado y recortado dos veces en forma consecutivas, en los años 2001 y 2007.
La Constituyente aprobó un justo mandato: transferencia de hasta el 45% de los Ingresos Corrientes de la Nación. Pero, los gobiernos y el congreso optaron por re-centralizar el país y promovieron la limitación de las transferencias a las entidades territoriales hasta un 30%.
Entre los años 2010 y 2016, si se hubiese aplicado la fórmula que originalmente establecía la Constituyente, las regiones hubiesen recibido $ 77 billones adicionales. Es un duro golpe a las finanzas locales y a su objetivo natural de disminuir la pobreza.
El tema que se va hablar el próximo año no es de poca monta, seguramente habrá mucha presión para que nuevamente se dilate en el tiempo la aplicación de lo acordado en la Constituyente del 91.Será indispensable recuperar lo conquistado por la norma constitucional.
Un mayor volumen de Transferencias obliga a una disminución del tamaño de la Nación. Es obvio. De lo contrario, se ocasiona un déficit fiscal que es el argumento utilizado por quienes quieren seguir concentrando los recursos y el poder.
Los argumentos se presentan al revés para tratar de hacer ver que el nuevo sistema de Transferencias pone en peligro las finanzas públicas nacionales. El imperativo es revisar la creciente y costosa injerencia de las autoridades nacionales en todos los asuntos locales.
Es el tamaño excesivo, la macrocefalia cada vez mayor del Estado Nacional o Central, la que impide la consolidación de un ordenamiento territorial adecuado en nuestro país, por lo tanto, el gobierno nacional se tiene que adelgazar para reducir su déficit fiscal y su endeudamiento.
En realidad es muy poco lo que se ha cumplido de la Constitución del 91 en materia de ordenamiento territorial y recursos. No se ha permitido ni la creación de las instituciones regionales con autonomía para un mayor fortalecimiento del país, ni tampoco contar con los recursos que se diseñaron en la Constituyente.
Hay que reconocer que la Constitución 91 fue fruto de un Pacto Nacional y que seguir dilatando su cumplimiento es una señal inadecuada para el futuro de nuestro país y más ahora que estamos a las puertas de unos acuerdos de paz. ¡Los acuerdos se hicieron para cumplirse!
Existe un consenso generalizado sobre la gran meta que debemos propender para que Colombia tenga un Desarrollo Regional Equilibrado.
Cada vez hay más información especializada de las crecientes brechas sociales, la concentración del desarrollo y la diferencia de oportunidades entre las regiones de nuestro país.
Eso valida lo acordado por los constituyentes del 91, fortalecer el dúo dinámico: Instituciones más Recursos para las Regiones. Tiene que permitirse el surgimiento de este enfoque para el bien del Estado y de la sociedad colombiana.
No podemos seguir impulsando figuras de ordenamiento territorial que son simples figuras asociativas, débiles y dependientes del gobierno central o que tienen su base en esa forma de gobierno como los Contratos Plan o el Diamante Caribe, porque eso no hace más que dilatar y distraer el proceso de ordenamiento del país sobre la base de la verdadera autonomía regional.
Mientras el país crece con vigor su economía, las Transferencias vienen disminuyendo como porcentaje del PIB: Mientras en 2001 las Transferencias eran 5.7% del PIB, hoy han caído al 4.9%. Es decir que vamos totalmente en contravía del Pacto Constitucional original.