¿Qué es lo institucional?

Y claro que esto es comprensible: lo institucional es lo legítimo, una suerte de teoría pura del Estado, lo racional, la verdad republicana en una república que no es tal, sino apenas en apariencia. Pues bien: dadas las circunstancias, lo institucional viene a ser, inicialmente, lo que logre demostrarse ante el pueblo como eso mismo.

Hay libertad probatoria para hacerlo, y la que mejor se desempeñe -lo pruebe a su conveniencia-, la derecha o la izquierda, ganará. De esta forma, el asunto de la institucionalidad deviene en un debate jurídico-político que poco tiene que ver con la realidad, sino más bien con la habilidad de interpretar y exponer lo que la gente entiende -siente- como lo correcto en el manejo de lo público.

Lo institucional no debería convertirse en improvisación social, sin embargo; ésta es, justamente, la antípoda de aquél. Las instituciones representan estabilidad y firmeza, y cuando lo que está en juego es el futuro de la sociedad, la familia y el individuo, el sentimiento de aversión frente a la anarquía y la guerra civil es tan fuerte como para entonces sí valorar al Estado democrático, por imperfecto que éste sea.

En este sentido, cuando se presenta una de tantas situaciones posibles en las que el pueblo comprueba que no ha sido el capitán de su destino, sino un mero instrumento de los avivatos que se han arrogado el poder de decidir, entonces ocurre un saludable quiebre.

Un crack que puede oírse. Ahí, el pueblo recuerda -o se da cuenta- de que lo institucional no es más que lo que él decida que sea; y que, si no es así, la ilusión de serenidad general debe desvanecerse, morir, y por eso, ese pueblo tenderá a dividirse. La división puede ser perversa, como sucede ahora: por ejemplo, lo que antes no se cuestionaba tanto, empieza a atacarse sin bases reales, como la decisión de tutela que suspendió el fallo desviado de Ordóñez.

La fragilidad del Estado colombiano pasa por su origen y funciones. Lo institucional aquí es mayormente el producto de las componendas entre los políticos. ¿Qué iba a ser si no? Es por esto que el tema de Petro no pasa desapercibido, como lo pensaría el procurador al principio.

Resulta que, en este caso, el pueblo se ha dado cuenta de que puede intervenir e intentar definir lo que debe ser su Estado, y no al revés (como en la época de oro de Ordóñez, cuando se determinaba el futuro de "la plebe" al calor de unos güisquis en el club social de turno).

Poco a poco cobra fuerza la idea de que lo institucional debe ser lo que la gente manifiesta sin fórmula previa, y no lo que conviene a los que la enredan con leguleyadas. Ahora bien, ¿y por qué se siente -hasta el mediano presidente lo debe de sentir- que lo que la gente dice es, en estos momentos, fuente de derecho constitucional, y que, por eso, la salida de Petro no está clara? ¿Es posible que la gente perciba que "lo institucional" es sinónimo de "lo justo", en términos de la calidad inclusiva de la gestión pública? Es posible.

Al menos es una opción más plausible que soñar con que el grueso de los colombianos le crea la barrabasada al mamarracho de procurador que hay, con su mal disimulada inquina frente a un hombre de la izquierda, por sólo ser de izquierda, sin dejar de considerar el favor que está haciendo, y a quién se lo está haciendo. Es lo que siempre he sostenido en esta columna: la gente no es boba, aunque la quieran tratar así. Ya pagarán por ello.