¿Democratizar las regalías?

Es resultado del interés de un mayor número de actores de participar de una cantidad inimaginable de recursos que hoy tiene el país, a diferencia de hace casi dos décadas cuando se establecieron las reglas de reparto.

Al margen de la corrupción, que en efecto la hay y muy evidente -como en el caso de las brujas-, es un problema más de aritmética y menos de ética. Desafortunadamente.

Partamos en consecuencia, que el proyecto se aprobará. Un gobierno con alta popularidad y respaldo en el Congreso, no puede dejar que se hunda.

Sería un golpe a la gobernabilidad. Pero, lo que no podremos consentir, es que estos recursos se licúen en el abultado déficit del Gobierno Central o para cubrir el desmonte de impuestos.

Si el argumento es recuperar décadas en las que se benefició una minoría, por ineficiencia e iniquidad en el gasto que se financia con las regalías, no tendría sentido que desde el nivel central se usen para tapar un hueco, que también es hijo legítimo de la iniquidad con la cual se atiende la inversión en región.

Hoy las regalías apenas llegan a 16 departamentos y a 170 municipios, inclusive con fuertes asimetrías entre ellos. Sólo entre 1995 y 2009 el monto ascendió a $19 billones. El 80% -$15 billones- fueron girados a 7 departamentos. En 18 municipios, la mayoría de Casanare, el promedio per cápita por regalías petroleras fue de $11 millones, aunque en Castilla La Nueva ascendió a $50 millones. Así mismo, los montos que administran las gobernaciones son mayores a los que perciben las alcaldías.

Los escasos avances para cerrar las brechas sociales, poco tienen que ver con las regalías y, en cambio sí mucho con la vigilancia sobre la inversión de los fondos del Sistema General de Participaciones.

Un albur en el caso de las regalías, que se atomizan incontroladamente. Y, por supuesto, no tengo que ahondar en los incrementos de pobreza, déficit habitacional y coberturas de saneamiento básico, comunes en municipios que perciben regalías, en especial en la periferia.

Empero, es una situación que no sólo está atada a la precaria ejecución, sino al incremento en la corrupción en todos los niveles. De ahí que si el proyecto corrige elementos de iniquidad territorial, debe también hacerlo, en grado sumo, en materia de trasparencia, para evitar que se repitan funestas experiencias. Y es que si de algo ha servido la actual rapiña verbal, ha sido para sincerar el debate.

Queremos regalías distribuidas con eficiencia, transparencia y que lleguen con equidad, a todos los ciudadanos. Queremos que termine la iniquidad -consentida por décadas, en las que la inversión sólo tocó determinadas regiones- para que lleguen recursos a zonas con mayor atraso relativo. ¿Cuántos años la Costa ha tenido que pagar energía más cara, sólo porque no genera con hidráulica?

¿Por qué el registro mercantil sólo favorece a un puñado de ciudades, cuando las mismas empresas operan en todo el territorio? ¿O cuál es la razón para privilegiar a unos con grandes obras de infraestructura, cuando otros siguen con vías de herradura?

Si las regiones productoras ceden en favor del resto del país, debe ser a cambio de un manejo justo y razonable. Así tendremos un Estado que lleve a todos los rincones del país escuelas, alcantarillados, distritos de riego, vías secundarias y terciarias y, por capilaridad, a toda la población vulnerable -en su mayoría rural-. ¿Será capaz el país de generar un modelo de desarrollo, que no sesgue la inversión y las oportunidades en favor de los mismos? Ese es el verdadero dilema.