Un nuevo asesinato, parcialmente asociado a la devolución de tierras, parte sustantiva de los cambios que se discuten en el primer punto acordado en la agenda de La Habana entre el Gobierno y las Farc, prende las alarmas.
Que, según la prensa, la víctima sea el hijo de una mujer que recobró una tierra arrebatada anteriormente por la guerrilla no es un hecho fortuito como han querido mostrarlo algunos funcionarios, posiblemente por miedo a demostrar cómo siguen actuando los enemigos de la paz. Y de nuevo, esto sucede en una zona de la Región Caribe.
Nuestra generación y todas las siguientes, no han conocido la paz, y entre ellas están nuestros hijos y nuestros nietos. Tal vez nos acostumbramos a ver sangre permanentemente en los noticieros de televisión; a tratar el secuestro como algo inevitable; a salir a las calles y a las carreteras transitables de este país y vernos rodeados de fuerza pública; a ver permanentemente entierros de nuestros soldados y policías, y a no conmovernos ya con las viudas, madres, hijos, llorando desconsoladamente la muerte de muchos de estos miembros del Ejército o de la Policía.
Pero eso no es propio de un país civilizado que vive en este siglo y que se enorgullece de ser una democracia, imperfecta, pero democracia de todas formas. La vida debería ser de otra manera: la de los ciudadanos que no viven una larga y sangrienta guerra, que por estar concentrada en la olvidada zona rural del país, no deja de ser una dolorosa realidad que afecta a todos y cada uno de los habitantes de este país.
Ahora resulta que lo importante son los costos de la paz y no necesariamente los económicos que serán inmensos, sino los que obligan a mostrar esas virtudes, que para algunos colombianos, parecen ser demasiado: capacidad de perdón siempre y cuando se sepa la verdad, reconciliación, solidaridad, generosidad. Tal vez la más difícil parece ser aceptar que sí, hoy la paz es responsabilidad de todos. Pero la existencia y permanencia del conflicto, la guerra cruenta que ha azotado al país de manera desigual, son también nuestra responsabilidad, de todos sin exclusión, porque hemos vivido bajo un sistema que la permitió, la alimentó, no la frenó a tiempo. Recuerden que los gobernantes no se eligen solos y que todo ciudadano contribuye por acción u omisión a construir la sociedad en que vivimos.
Si todos aceptamos esa responsabilidad, derrumbaremos las barreras que se están poniendo para que el principio de un verdadero proceso de paz sea una realidad. Muchos de los privilegios que algunos hemos gozado, especialmente ese 2% de la población relativamente muy rica comparada con la pobreza del resto, ha contribuido al conflicto. No es la pobreza, y eso está suficientemente estudiado en el mundo, sino la desigualdad, las injusticias, las que llevan a este tipo de confrontaciones que después, se alimentan de otros males como el narcotráfico y ahora la minería ilegal. La semilla siempre estará allí en este país donde unos pocos tienen demasiado, y además alardean de ello, y el resto que tiene mucho menos.
Otros 50 años de guerra son absolutamente inaceptables, sería la peor injusticia que cometeríamos con las próximas generaciones. Si ya cargamos el costo de no haber sido capaces de frenar este desangre a tiempo, no podemos agregar la indiferencia o el rechazo de algunos a perder sus privilegios. Es una postura que la historia les cobrará.