El reto: gobernar con resultados

Ante estas exigencias, diversos organismos internacionales han impulsado mecanismos y modelos que replican las "buenas prácticas" empresariales que han sido utilizadas por los países desarrollados y que intentan subsanar las lagunas que han caracterizado a los gobiernos Iberoamericanos como entes cerrados, despreocupados y despóticos con sus gobernados.

Justamente la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) desde 2005 impulsa la instauración de un modelo gerencial por resultados (GpR), en el que los gobiernos deben planear sobre problemas establecidos, diseñar con miras a atender estos problemas, implementar tomando en cuenta a todos los actores involucrados y fijar metas medibles, que le permitan identificar en qué momento hay distorsiones para corregirlas de manera subsecuente.

En pocas palabras, estamos hablando de un modelo que tome en cuenta el ciclo completo de las Políticas Públicas y que tenga como variable constante la generación de -valor público- esto es que impacten positivamente a una población objetivo, que carezca de las condiciones de bienestar y oportunidades que el Estado está obligado a proporcionarle.

Para lograr lo anterior es necesario, en un primer momento, cambiar el paradigma de la utilización de los recursos públicos como si fueran un "gasto" y comenzar a verlo como lo que realmente son: una inversión a futuro. Así planeamos con base en la prospectiva, de forma que se generan escenarios deseados, indeseados y ambiguos sobre cómo estará la población en términos de la aplicación de determinadas políticas públicas.

Por ejemplo, si un gobierno identifica que uno de los problemas de la población es el bajo nivel de escolaridad, la respuesta debe versar en combatir este rezago. La manera de hacerlo no sólo depende de la construcción de más escuelas, sino del aumento de la calidad educativa, la formulación de estrategias para llevar educación a quienes viven en las localidades más alejadas, la mejora en los planes y programas educativos, y todo esto debe ser medible al mediano plazo, de manera que se pueda responder con efectividad, economía y eficiencia.

Muchos países de Iberoamérica han comenzado a instaurar cambios en su legislación con el fin de aplicar un Modelo de Gestión por Resultados, de manera que han enmendado su Ley de Planeación, a favor de la instauración de mecanismos de evaluación, seguimiento y control en las actividades presupuestarias. Sin embargo, la mayoría de los estados se encuentran en la construcción de los cimientos de este nuevo sistema, que lleva avances significativos, pero que al igual que la mayoría de cuestiones administrativas depende en gran medida de la voluntad política.

Se suma a este problema la inexperiencia de los funcionarios y servidores públicos para ejercer una gestión por resultados; ver al recurso público en forma de inversión y no de gasto; generar indicadores compatibles a nivel nacional; utilizar matrices de marco lógico en sus planes y programas sociales; planear a largo plazo, revisar la pertinencia de ciertos programas agotados; así como el excesivo costo de las evaluaciones por parte de consultores y otros agentes externos, etc.

Sin embargo, pese a esta autocritica debemos resaltar que el modelo ya se ha echado a andar. Muchos países ya identifican los principales problemas de su población en aras de actuar en consecuencia. La profesionalización de los servidores públicos encargados de la planeación y presu-puestación es una realidad, de manera que se ve cada vez más tangible la continuidad, el seguimiento, la evaluación y la retroalimentación de las políticas públicas, haciéndolas sostenibles.

Es necesario cambiar el paradigma en la aplicación de políticas públicas que busquen hacer frente a la pobreza, hay que mirar el desarrollo desde otro ángulo. Los problemas de una sociedad nunca han sido verticales u horizontales, sino que son multidimensionales, tienen una profundidad, uno o más orígenes, por lo que el éxito de las políticas públicas enfocadas a su tratamiento derivará en qué tan bien o mal se prioricen los problemas y qué tan lógico, racional o incauto sea el gobierno para interpretarlos.

Al final de cuentas, en teoría, todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo de un país, llámese sector público o privado, desde instituciones, partidos políticos, ordenes territoriales, poderes, hasta empresas y sociedad civil, tienen un objetivo común: el desarrollo. Porque al igual que la pobreza y la desigualdad, que son virus fácilmente transmisibles de forma intergeneracional, la riqueza y la bonanza económica también se pueden replicar fácilmente si se ejercen buenas prácticas gubernamentales y se refuerzan los valores nacionales en la sociedad.