parque Tayrona: Una deuda que no prescribe…ni se cobra

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Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


El Parque Natural Nacional Tayrona (PNNT), comprende una extensión de 15.000 hectáreas (12.000 terrestres, 3.000 marinas y 14 kilómetros de las mejores playas del país), en las cuales se localiza el capital paisajístico y turístico más valioso de Santa Marta. Esta enorme porción del territorio samario fue reservada y declarada como Parque Natural Nacional por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria mediante la Resolución 191/1964, “Con el objeto de conservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales, con fines científicos, educativos, recreativos o estéticos”. Este fin superior para el país, ha significado para Santa Marta, la pérdida sin compensación alguna, del manejo de su mayor y más estratégica ventaja para el desarrollo y competitividad de su vocación turística. La escisión de El Parque Tayrona, es una deuda moral, social y económica que el país tiene con los samarios, la cual no debe permitirse que prescriba.

La declaratoria del área de Parque Tayrona como zona de reserva y conservación, contó con el concepto favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (19/junio/1964). En dicho documento, la institución advierte que su concepto: “obedece a consideraciones netamente científicas de la flora de la fauna y de las bellezas naturales existentes dentro de las zonas que se proyecta establecer como “Parque Nacional Natural” y no considera el aspecto socio-económico de la explotación agrícola, ganadera, de la caza y de la pesca, cuestiones que son del Ministerio de Agricultura […]”. Importante anotar que, todo proyecto de inversión pública debe sustentarse en estudios que evalúen sus impactos ambientales, sociales, económicos y legales, pero este no fue el caso.

Es innegable que la relación beneficio-costo de la creación del PNNT, es positiva y es alta. Pero mientras los beneficios por su innegable valor ambiental, lo disfruta  el país y el sistema ambiental mundial, los costos, son asumidos por Santa Marta casi en su totalidad.  Santa Marta, ha sufrido la pérdida de jurisdicción sobre una importantísima porción de su territorio, y un gran impacto sobre su principal ventaja comparativa: la industria turística. Esta zona con 14 kilómetros de excelentes playas, ya no es jurisdicción de la ciudad.

Los estudios socio-económicos recomendados por la Academia de Ciencias, nunca fueron realizados, o al menos, socializados con los samarios. Sin embargo, desde entonces dirigentes y líderes locales, han guardado un ensordecedor silencio frente a lo que ha significado el mayor despojo de tierras efectuado por la Nación en una ciudad. Es inexplicable, que hasta la fecha, ni el Distrito ni instituciones académicas u organizaciones profesionales, se hayan dado a la tarea de evaluar el costo/beneficio de esta decisión. Al parecer, no es de interés saber cuánto le ha costado esto a Santa Marta desde el punto de vista socio-económico.      

Santa Marta, fue declarada interdicta para administrar su propio recurso, pero el manejo de este, en cabeza de la Unidad Administrativa de Parques Naturales Nacionales (Uapnnc), deja mucho que desear. Prueba de esto, el avance de su degradación en términos del incremento de la informalidad en áreas de servicios turísticos, inseguridad de operaciones como los accidentes de embarcaciones, contaminación y pesca ilegal. La Uapnnc,  recibe y administra el recaudo por derecho de ingreso al Parque, sin embargo este recaudo no se ve reflejado en inversiones que representen mejora en instalaciones, vías, seguridad, etc. De seguir así podemos quedar en el peor escenario: un país con una importante reserva ambiental degradada y Santa Marta sin jurisdicción sobre una importante porción de su territorio.

Después de casi 60 años, no se trata de llorar sobre la leche derramada o de manifestar un trasnochado descontento. Se trata de reclamar como sociedad, aunque tarde, una justa compensación para la ciudad. Celebramos que el país disfrute y aproveche las riquezas naturales y paisajísticas del área de Parque, pero esto no puede ser a cambio de  sacrificar sin compensación alguna, las potencialidades de desarrollo socio-económico de toda una ciudad.