El artículo 49 de la Constitución de los colombianos reza que “corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.
De hecho, la Corte Constitucional ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como derecho autónomo, definiéndolo como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como mental”. Pero, hay una constante y es que el Estado provee el derecho a la salud consagrada en la Constitución como si nos hiciera un favor.
Ahora bien, en Colombia hay dos sistemas principales de salud: el primero es el contributivo donde el usuario paga con su salario el derecho a ser atendido. El segundo, el subsidiado que consiste en que el Estado paga para que sean atendidos los ciudadanos más pobres. Mientras tanto, hace poco surgió otro sistema conocido como sistema de salud prepagado donde van los más ricos del país.
En ese contexto, el sistema que más falencias tiene es el subsidiado debido a que el mismo Estado lo vuelve un caos cuando no gira los recursos a tiempo. A veces pienso que el
Estado colombiano es mala paga y con esto anda quebrando a todas las empresas que se le miden a este negocio de prestar salud a los colombianos.
En tal caso, llama poderosamente la atención que cuando asisten los ciudadanos más necesitados al sistema de salud subsidiado, en los hospitales les condicionaron que para ser atendidos primero deben pasar por el triage
como método de selección y clasificación de pacientes. En el mundo es empleado en la medicina de emergencias y desastres y sirve para evaluar las prioridades de atención y “privilegiar la posibilidad de supervivencia” de acuerdo a las necesidades de los recursos disponibles. Debe ser aplicado por profesionales en medicina como mínimo el médico. Acá lo hacen enfermeras que no tienen conocimiento ni han estudiado para esto.
También surge que los colombianos enfermos no logramos entender lo relacionado con el rechazo o demora en la prestación del servicio médico en razón de que está o no incluido en el POS.
Adicionalmente, lo del portero vigilante que primero está armado con arma de fuego y es el primer contacto del enfermo con la institución hospitalaria. Es quien decide quien entra con el agravante que muchos se creen dueños del edificio. Personas contratadas para vigilar que no se metan los ladrones terminan impidiendo que entren los enfermos.
Por lo anterior, ni los enfermos pueden entrar a los hospitales pues grandes puertas, rejas y porteros vigilantes lo impiden. No hay medicinas y para algunas hay que hacer filas interminables. No hay citas con especialistas. Lo peor es que nunca contestan los teléfonos fijo ni celular ni correos electrónicos que ellos mismos nos suministran. Se encerraron en su mundo a negarlo todo.
En síntesis, el mismo Estado es el responsable de este caos en la salud cuando gira los escasos recursos fuera de tiempo, cuando pregona pero no aplica. No hay salud cuando a un Estado se le olvida que el principio
fundante de la República que gobierna es la dignidad humana, que es indigno que sus enfermos pasen días en filas y en el paseo de la muerte sin solucionar ni curar su dolor, cuando se le condiciona a que los médicos nos atiendan
en 15 minutos, que no recetan la medicina que es ni emiten los diagnósticos que son ni envían los exámenes de laboratorio que se necesitan.
Para concluir, el rico cuando su medicina o tratamiento no está en el POS, paga de su bolsillo. Al pobre solo le queda rezar para esperar un milagro. Esta es la peor brecha.