Desde cuando la Superintendencia de Servicios Públicos decidió intervenir la Essmar (Nov/2021), el Gobierno Distrital, no ha escatimado esfuerzos políticos, jurídicos, y hasta el empleo del uso de la fuerza física -a través de subalternos- para recuperar su manejo. El objetivo de una intervención, es analizar causas, detener el daño y proponer soluciones. Culpar a la intervención de Superservicios por el pésimo servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad, es buscar la fiebre en las sábanas.
La intervención fue la respuesta de Superservicios a una profunda crisis técnica y administrativa-financiera de la Essmar, sobre la cual, la Alcaldesa y sus aliados, han evadido responsabilidades valiéndose del discurso de la persecución política. La crisis del agua tuvo origen en décadas anteriores, pero esto no es excusa para que quienes prometieron su solución, evadan la responsabilidad del fracaso de la Essmar, empresa concebida - según sus gestores- para solucionar dicha crisis. Suficiente con repasar la historia de la entidad.
En abril/2017, terminado el contrato de concesión de Metroagua, por disposición del gobierno de Rafael Martínez, la empresa Veolia, asumió la operación de servicios de acueducto y alcantarillado. Como resultado de su operación, Veolia, logró en dos años: financiación y ejecución de $21.000 millones en mejoramiento de infraestructura; freno de rebosamientos, rehabilitación de 11 pozos, puestos en operación 5 pozos adicionales y mantenimiento en cero el índice de Riesgo de Calidad del Agua. En temas económicos, se recuperó el 82% de cartera por concepto de recaudo acumulado.
Contra el concepto de Superservicios, quien sugirió la prórroga del contrato de Veolia, por no contar la Essmar con capacidad para asumir la prestación del servicio, el exalcalde Martínez, ordenó que la operación del acueducto y alcantarillado pasara a manos del Distrito. Essmar, asumió la operación en abril/2019.
Decisiones erráticas y malos manejos financieros, sumergieron en menos de un año a la Essmar, en una profunda crisis –desbarataron los logros de Veolia-. Esto, ocasionó la intervención de Superservicios, quien sustentó su obligación institucional así: “Los resultados de la vigilancia especial que realizamos a la empresa desde el momento del inicio de la operación, en 2019, evidencian deficiencias en la cobertura, continuidad y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado para sus más de 117 mil suscriptores. A esto se suman las deudas pendientes con la Dian, la Gobernación del Magdalena y otros acreedores que podrían generar embargos judiciales que agravarían las condiciones financieras […]”. Previo, la Superintendencia informó: “en el año 2020 Santa Marta reportó 10.430 rebosamientos, siendo junio, julio, noviembre y diciembre las épocas de mayor crisis por la alta carga de turistas que visitan los hoteles, hostales y lugares de alojamiento”.
Convencidos de que la intervención era de carácter político, el Distrito solicitó al nuevo Gobierno Nacional –su aliado político-, levantarla. En respuesta, la Superintendencia ratificó la situación de la Essmar: “encontramos un riesgo financiero con un impacto importante para la sostenibilidad en la prestación de los servicios, principalmente por la inminente exigibilidad por parte de los acreedores de la empresa por concepto de deudas pre-toma, por un valor cercano a los $72 mil millones, de los cuales aproximadamente $22 mil millones son fiscales que corresponden a aquellas obligaciones a cargo de la empresa intervenida cuyos pagos se encuentran suspendidos como una de las medidas adoptadas en la orden de toma de posesión”.
La breve historia de la Essmar, tiene el sello de incompetencia de gobiernos que tuvieron la oportunidad histórica de avanzar en la solución de la principal crisis de Santa Marta: el agua. La expectativa frente a la gestión de EPM como agente interventora, es muy alta, pero la ciudad debe tener presente, que superar las fallas acumuladas durante años, no será fácil mientras la solución definitiva esté en manos de gobiernos interesados más en tener un fortín burocrático y económico, que en solucionar los problemas que agobian a la ciudad.