El presidente Petro, ha venido insistiendo en que en este país se debe eliminar el permiso especial del porte de armas, que, según su concepto, se debe aplicar para atacar con contundencia la estructura criminal que están sembrando el miedo en todo el territorio nacional.
La situación del país es de la más alarmante gravedad y para calmar ese flagelo se debe adoptar medidas supremas que camine en detrimento en cuidar la vida del ciudadano, de las instituciones y el porvenir de la República.
Aún no ha terminado la batalla sangrienta en que llevamos más cincuenta años “matándonos para poder vivir”, humeantes todavía las charcas de sangre e incluso se encuentran en los suelos colombianos cadáveres insepultos; cuando no se ha escurrido las lágrimas de tantos hogares sumidos en la orfandad y la miseria, se quiere desarmar al ciudadano de bien, no es una que guarde discreción.
La inseguridad en el país se encuentra disparada, la vida parece haber perdido valor o por los menos día a día se nota que se devalúa con enorme aceleración. Mientras la vida pierde valor con gran rapidez que nuestra moneda, se quiere desarmar al pueblo que solo usa sus armas para la defensa de su propia vida, esa decisión es fomentar y alimentar más la criminalidad en el país, ahora más que nunca se debe seguir en la lucha contra la criminalidad organizada. La tarea de los ciudadanos e incluso la autoridad que nos rige, es empeñarse en combatir la frecuencia del crimen, la que carcome a la sociedad y se esconde tras poderes económicos.
La desestabilización del orden genera, rechazo, descontento y repudio de los asociados que se ven afectados en su tranquilidad y cotidianidad. Eliminar el permiso del porte de armas, cuando el ciudadano aún no saboreado la exquisitez de la paz, dejarlo sin defenza alguna, es desprotegerlo y alimentar el deseo de la criminalidad, el Estado debe asumir la tarea de amurallar y blindar la vida de los ciudadanos, desarmarlo es desprotegerlo; armándolo necesita menos de la protección de la autoridad, la mayoría de los ciudadanos que no conservan los medios para su propia defensa, es decir, aquel que carece de medios propios con qué defenderse, tiene que apoyarse grandemente en el patrocinio del Estado.
No es la ley humana, sino la misma naturaleza la que le da al hombre el derecho defenderse y por lo tanto, no puede la autoridad abolir el derecho a la defensa, sino solamente moderar su ejercicio y combinarlo con el bien común.
Si el presidente Petro tiene para el ciudadano algún nombre y merece respeto alguno, es desmontar la idea de desarmar al ciudadano, es demostrar al país que no solamente es buen político, sino también buen gobernante y buen cristiano.
Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento, es que se debe guardar prioridad para conservar la paz en el cuidado de la vida del ciudadano.