La inflación galopante ha elevado el índice de precios al consumidor (IPC), con una variación anual hasta agosto del 10.84%, el más alto registrado desde 1999. Las tarifas de los servicios públicos son los que han llevado la peor parte, con un incremento del 25.9%, más del doble, la del servicio de energía particularmente subió, en promedio, por encima del 30%, casi el triple (¡!). Las alzas en las tarifas de energía en la región Caribe son aún mayores, por decir lo menos escandalosas, desfasadas, superando el 40%, más de 14 puntos porcentuales con respecto al resto del país.
Y eso que el alza no ha sido mayor porque las empresas prestadoras del servicio han venido aplicando la llamada “opción tarifaria” desde el 2020, a raíz de la crisis pandémica, que consiste en diferir el pago de las alzas tarifarias, no su congelamiento como equivocadamente interpretaron muchos. Y, como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, las empresas están empezando a cobrar lo que se dejó de pagar en los años anteriores y el saldo por cobrar a los usuarios suma alrededor de los $4 billones (¡!).
A la pérdida de poder adquisitivo del ingreso de quienes lo tienen por cuenta de la inflación, se vinieron a sumar estas alzas desmesuradas que aboca a los usuarios, especialmente a los estratos 1, 2 y 3, a la disyuntiva de pagar la factura del servicio de energía o comer. Huelga decir que estas alzas desproporcionadas de las tarifas de energía no sólo afectan al mercado regulado (residencial) sino también al comercio y a la industria, frenando la reactivación en ciernes de la economía y menguando su competitividad.
Inexplicablemente, en momentos en los que los embalses están rebosados, con niveles que superan el 85%, los precios en Bolsa se han incrementado cerca del 200% en las últimas semanas. Ello es contraintuitivo, por ello no es sólo el Presidente de la República, Gustavo Petro, quien observa un “comportamiento extraño” de los precios de la energía.
Si bien los precios en Bolsa sólo afectan el 20% de la energía que compran los distribuidores, los contratos bilaterales entre distribuidores y generadores, el otro 80%, han visto impactados sus precios en el último año, por el cambio de metodología de cálculo del Índice de precios al productor que se le antojó al DANE, en un 22.75%. Desde febrero de 2021, justo cuando se dio dicho cambio, hasta la fecha su brusco crecimiento ha sido del 33.25%. Hasta ahora no se conoce una explicación de este exabrupto porque el DANE calla como ostra.