El servicio de energía eléctrica ha presentado un exagerado incremento en su tarifa, estimado en un 73% respecto al año anterior.
Esta situación, ha generado inconformidad en sectores sociales, productivos y políticos, por lo cual, mandatarios de Barranquilla, Montería y Santa Marta, han instaurado acciones jurídicas a fin de lograr una reducción en las tarifas que pagan los usuarios de los operadores Air-e y Afinia. El alza del servicio, se sustenta en la autorización de la CREG a estos operadores para cobrar en retroactivo lo que se conoce como pérdida de energía no técnica: “Energía que se pierde en un Mercado de Comercialización por motivos diferentes al transporte y transformación de la energía eléctrica (CREG).” Esta definición no es más que un eufemismo para suavizar lo que en esencia es: robo de energía. La falta de control para impedir estas pérdidas facilita que unos pillos roben, mientras los usuarios “buena paga” son castigados por dichos fraudes. Según esto, la lógica de la CREG es que, “Ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”.
Este lesivo procedimiento, jurídicamente se sustenta en las resoluciones 024 y 078/2021 de la CREG; basadas en el artículo 318 de la Ley 1955/2019, que establece un régimen transitorio para supuestamente asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio. Se autorizó un régimen transitorio especial en materia tarifaria para actividades de distribución y comercialización del mercado de Electricaribe, que debe reflejar las inversiones, metas de calidad y reducción de pérdidas. Inconcebible, pero estas normas no hicieron más que legalizar el cobro de un servicio no prestado al usuario.
Es inaudito que se permita a los operadores del servicio trasladar al usuario el costo de pérdidas por fraudes, que en gran parte, son producto del desinterés de dichas empresas de controlar lo correspondiente en el proceso de distribución de energía. Resulta absurdo además, que la CREG, pretenda que estos operadores (con poca competencia en el mercado), muestren interés en mejorar el control de pérdidas y proteger al consumidor, si la regulación aprobada, les ha permitido obtener utilidades extraordinarias durante los últimos semestres. No obstante, mientras las tarifas suben y las empresas ganan; la calidad del servicio sigue deficiente.
El malabarismo legal de la CREG contra de los usuarios, es una acción que debe analizarse desde el punto de vista penal, pues lo que con esto se busca, es maquillar la comisión de un delito tipificado en el artículo 256 del Código Penal: “Defraudación de fluidos. El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de uno punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
El mensaje que a través de la CREG, envía el Gobierno Nacional con esta política lesiva e inequitativa, es equivocado para la cultura de la legalidad que se debe fomentar en la sociedad. Sectores de la ciudadanía, han interpretado que, ser pillo paga; que se puede vivir sabroso a costa de los demás. Se ha promovido con esto, un círculo vicioso en el cual los evasores justifican sus fraudes por las excesivas tarifas del servicio, y la empresa por su parte, aumenta las tarifas porque hay mayor evasión del pago de estas. Esto sin contar, con la doble moral que estaría detrás del negocio del fraude, pues en la calle se especula que algunos técnicos de estas compañías, están implicados en dichas actividades. Serán las autoridades responsables, las encargadas de investigar al respecto.
En buena hora los gobernantes, líderes políticos, sociales y económicos, se movilizan por una causa justa y común para la región Caribe. Pero, es importante que este impulso sirva para además de bajar las tarifas, exigir que las empresas tomen acciones efectivas en la reducción de las pérdidas no técnicas. Con esto, no solo disminuirán los impactos en la economía y competitividad del territorio, sino que se contribuirá en el fortalecimiento de una cultura de la formalidad, la legalidad y el respeto de lo público.