¿Extorsión?

Circula por ahí la especie de que hay periodistas con alcance nacional que se emplean en adelantar ciertas investigaciones para después chantajear con ellas a determinados funcionarios públicos corruptos, o presuntamente corruptos, de modo que estos incluyan en la nómina oficial que ordenan a unos terceros que, después, pagarán un porcentaje de los salarios u honorarios obtenidos con dicha sinecura oficial a los primeros, los reporteros delincuentes (y sus secuaces o amigos, de los que, cabe imaginarse, a lo mejor fungieron inicialmente como los facilitadores de la información sobre corrupción que permite la extorsión referida). Desconozco si esto en verdad ocurre o no, si los nombres que deambulan en las redes sociales como responsables (entre los que hay comunicadores habitualmente acusadores y exfuncionarios judiciales) se corresponden con la realidad, y por eso me limito a analizar un hecho objetivamente considerado. ¿Qué más puede hacer la ciudadanía?

Tal objeto de análisis es la posibilidad de que lo descrito siquiera ocurra en Colombia. Pues la denuncia periodística es la base de nuestro control, ya no social, sino judicial, en este espacio vital brumoso, donde no siempre se puede confiar plenamente en los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley. De manera que, si lo que están lanzando actualmente como un mensaje en una botella a mar abierto resulta comprobado, quizás no pocas de las voces de la radio en las mañanas terminen por perder algo más de su credibilidad entre la audiencia, y entonces se tengan como probables unos recelos previos a este episodio, según los cuales es el poder del dinero el que dirige el sentido de las frecuentes averiguaciones oídas. Me he negado racionalmente a creer en esa simplificación, no solo por insostenible, sino por ridícula; pero estas cosas quedan dando vueltas en la cabeza.

Por lo demás, de ser verificable la existencia de las empresas criminales pretendidamente demostradas, el escenario moral devendría grotesco: de un lado, el servidor público que, en efecto, tiene mucho que temer porque ha hecho lo indebido; y, del otro, dos sujetos: el periodista que en últimas no tuvo que inquirir demasiado acerca de la juridicidad de la cuestión que instrumentaliza, en virtud de encontrarse apalancado por los datos privilegiados que seguramente su funcionario compinche conoció a causa necesaria del ejercicio de su cargo, y no denunció como era debido. Un cuarto elemento tendría que ser el enganchado laboralmente como consecuencia de esta perversión de la función pública, del derecho fundamental de acceso a la información, y, por qué no decirlo, de la necesidad de trabajar y de la carencia de paciencia para solventarla, a partes iguales.

Sin hacerme eco de otros que ya lo han pedido, es legítimo esperar respuestas de los medios de comunicación inmersos en el asunto, aunque ello derive en la interposición de inevitables denuncias penales, de lado y lado. Sea como fuere, ojalá se vuelva costumbre en Colombia que, aquel servidor del pueblo que no tenga nada que ocultar, rehúse violentamente tratar con quien intente conducirlo, y que, en lugar de ello, lo exponga oportunamente –con pruebas- a las autoridades y a la opinión.

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