"La ciudadanía se encontraba huérfana del marco legal que regulara estas relaciones comerciales quedando inerme de los embates de la posición dominante".
Después de mucho tiempo que el ordenamiento colombiano no poseía una norma de gran magnitud, fue posible su expedición dada la voluntad política del Congreso de la República tras la iniciativa del representante Gaviria.
Se regula entonces el tema de la responsabilidad solidaria entre productores, expendedores -intermediarios- y consumidores por la calidad idónea y seguridad de los bienes y servicios que ofrezcan en el mercado; la obligación de ofrecer garantía de lo que se comercialice, situación que pone a la legislación colombiana a la vanguardia de las normas que regulan la materia siendo pionera de la defensa de los derechos del ciudadano, estableciendo un procedimiento ágil y expedito para la solución de los conflictos suscitados bajo los reclamos y denuncias; y acabando de una vez por todas las llamadas cláusulas abusivas que causaban un desequilibrio injustificado en contra del consumidor.
La responsabilidad no podía en ningún momento ser trasladada sólo a la Superintendencia encargada de la vigilancia y control, mientras la ciudadanía se encontraba huérfana del marco legal que regulara estas relaciones comerciales quedando inerme de los embates de la posición dominante.
En hora buena, se hizo necesaria tener una legislación acorde con la realidad, pues los abusos de las empresas no se encontraban acorde con los principios constitucionales de responsabilidad social.
Esquirlas: Por la magnitud que representa para la población inerme de Riohacha y La Guajira, a raíz de la "ola" de violencia que nos viene azotando cotidianamente sin que se escuchen voces institucionales no sólo de rechazo -como sería lógico-, sino el emprendimiento de acciones legales y judiciales que logren contener la sistemática erosión social que nos encontramos los guajiros a causa de la ausencia de valores que han terminado en que las personas, sean atacadas en su honra y bienes.
Se les olvida a nuestras autoridades nacionales y territoriales que están instituidas para proteger "vida, honra y bienes" y asegurar su deber estatal.
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