Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Se comenta que la palabra inglesa lawfare (guerra jurídica) fue acuñada hacia 2001 por un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y abogado, llamado Charles J. Dunlap Jr. Quiso significar este comandante experto en temas de seguridad nacional que “los enemigos de los Estados Unidos” estaban usando al derecho, internacional o ya el interno de los Estados, como “un arma” para poder “esposar” a los Estados Unidos en la “guerra contra el terrorismo”; lo que, según el señor Dunlap, constituye una horrible paradoja, puesto que la lucha de su país es una, precisamente, “por la prevalencia de los valores humanitarios”, como lo es el propio derecho. En 2001, supongo que la voladura de las Torres Gemelas en Nueva York era tan reciente que se podían afirmar estas cosas sin sonrojarse. Para eso –entre otras utilidades- sirven los extraños atentados de esa magnitud.
Pero no solo desde la derecha dura se arrogan la prerrogativa de victimizarse respecto de una supuesta guerra jurídica en su contra. La vicepresidenta argentina, por ejemplo, a cada rato se ata un simbólico trapo verde en la garganta y enardece así a sus simpáticas muchachas; en dicho contexto, pocos en esa nación dan en defenderse judicialmente de los frecuentes ataques verbales y físicos de las feministas que se creen con el derecho de agredir libremente a quienes quieran, pues sus denunciantes se exponen a ser acusados de “acoso judicial” (o sea, de lawfare). Nada nuevo, aquí también pasa. Ya no son únicamente los corruptos los que procuran escabullírsele a una investigación a través del subterfugio de repetir “me están persiguiendo”. Por lo demás, hay que ver que esta supuesta guerra jurídica recuerda al denominado “litigio estratégico” de las izquierdas, evidenciada forma de intentar hacer política electoral merced a las resultas de decisiones judiciales provocadas, y que ha encontrado su pareja institucional de baile en el tal “activismo judicial”.
Debe preguntárseles a Cristina Fernández y sus aliados por qué los dos últimos conceptos serían buenos y la lawfare mala, si todos obedecen al mismo principio. En lo personal, no les creo a ninguno de los dos polos en tensión, derecha e izquierda, porque el ejercicio del derecho siempre ha sido y será una guerra; lo que pasa es que no tiene por qué tratarse de una guerra sucia. Son necesarias estrategia, astucia, sagacidad, audacia, sí, pero dentro de las reglas; por eso los buenos abogados son gente de leyes y no criminales. De manera que los que se quejan del lawfare parecen haber llegado tarde a la repartición de originalidad, aunque seguro eran los primeros en la fila del efectismo.
En cuanto a los fanáticos del “litigio estratégico” y el “activismo judicial”, se nota que han razonado igual de emocionados que los quejosos del lawfare: los actos jurisdiccionales, incluso los de efectos apenas inter partes, tienen vocación social y son eventualmente extrapolables a otros supuestos de hecho. Finalmente: no sonará bonito, pero instrumentalizar al derecho para lograr fines generales o particulares es válido. Negarlo sería como decir que no se puede demandar un incumplimiento contractual, o denunciar un delito, y pretender satisfacciones materiales o morales a partir de ello.