Lo sucedido en MinTic y que tumbó a la ministra Abudinen es un episodio vergonzoso. Después de lo acontecido no se entiende como la ministra pensaba que podía pasar de agache con el cuento de que fue ella quien hizo las denuncias y la que destapó el entuerto.
Como era de esperarse su renuncia fue un entierro de quinta, y muy para la ocasión se despidió con frases de cajón. Se declaró adolorida por lo sucedido pero a la vez dijo –cínicamente- que se iba con la satisfacción del deber cumplido. Claro, que esto lo dijo mientras salía por la puerta de atrás y escondiéndose; es decir, mientras el país estaba viendo el partido de la Selección Colombia contra Chile. No quiero imaginarme lo que hubiera sucedido si se hubiera ido insatisfecha por no haber cumplido con su deber.
Dice que no se robó un peso, pero su incompetencia y negligencia grosera en vigilar una licitación billonaria -aparentemente amañada- permitió que se hayan embolatado setenta mil millones de pesos. Mientras se determina si se cometieron delitos, ha debido renunciar inmediatamente y asumir políticamente las consecuencias de semejante acto de corrupción.
Aunque debemos rasgarnos las vestiduras, tampoco exageremos y pequemos de hipócritas, como para decir que esto nunca había sucedido en el país. Porque sería insensato decir que la corrupción en la contratación pública se la inventó Duque. No señores, este es un mal de vieja data, exacerbado a lo largo y ancho del país desde la elección popular de alcaldes y gobernadores y desde que estos últimos cuentan con inmensos recursos producto de las regalías. Y allí si, como decía el cómico Cantinflas, yo no quiero que me den, sino que me pongan donde pueda coger. La corrupción en la contratación pública ha hecho más millonarios y más rápidamente que el Baloto en toda su historia.
El contubernio entre políticos y contratistas para saquear las arcas del estado y llevar a buenos términos la empresa criminal es uno de los obstáculos que impiden que progresemos. Este pernicioso maridaje ha hecho de nuestros cuerpos colegiados un nido de ratas. Y la corrupción va desde el contratito por contratación de servicios hasta las licitaciones multimillonarias. La justicia no da abasto para detectar todos los actos de corrupción ni para judicializar a los corruptos. Es más, en muchos casos la “justicia” termina siendo parte del entramado por jueces, fiscales, contralores y procuradores que se venden. Colombia está sumergida en una orgia de corrupción e impunidad, que dicho sea de paso, es ideológicamente ciega.
Si tuviéramos los instrumentos y las instituciones necesarias investigar todos los contratos y licitaciones hechos por entes públicos en el país, nos daríamos cuenta de cual es realmente la dimensión del problema de la corrupción en la contratación pública en Colombia. La contratación pública en Colombia es la cantera leviatánica de la corrupción y la explicación de los muchos nuevos ricos que se movilizan por el país en carros de alta gama y construyen mansiones. Y es que los grandes contratistas del estado se han hecho obscenamente multimillonarios ante los ojos de todos sin que nadie cuestione ni diga nada; o si alguien dice algo, no pasa nada. Por ejemplo, el expresidente Santos salió incólume del escándalo de Odebrecht, y así sucesivamente. Aquí en Santa Marta, para citar un caso conocido, estamos inundados de obras sin terminar, con sobrecostos, pero pagadas en su totalidad a punta de otrosíes.
El episodio Abudinen es uno de tantos episodios de esos que nos escandalizan, y que después rápidamente olvidamos hasta que aparece el siguiente. Por otro lado, en las regiones la corrupción hace de las suyas silenciosa e impunemente, pero sin dar tregua, mientras el pueblo padece.