Uno de los elementos ambientales que distinguen la morfología urbana de Santa Marta, es su sistema de cerros, los cuales, han sido determinantes en los procesos de planificación y construcción de ciudad. Así, según el Acuerdo 005 de 2000, fueron declarados como suelos de protección en el área urbana “los cerros que conforman el límite Norte del área urbana y que comprenden el área del puerto hasta la cuchilla de Palangana, los estribaciones de los cerros orientales desde el sector del 11 de Noviembre hasta el sector del Cisne, la banda de estribaciones paralela a la zona Sur hasta la Quebrada del Doctor y todos los cerros premonitorios que se encuentran al interior del área urbana […] Son también, suelos de protección urbana las rondas de los ríos y quebradas […] así como todas las rondas de arroyos y cauces del sistema hídrico”.
Contrario a lo estipulado en declaratoria, los cerros de Santa Marta, han sufrido a lo largo de los últimos años un proceso acelerado de deterioro y destrucción a la vista de los samarios, y en especial, de las autoridades de gobierno y ambiente, en cuyas cabezas reposa la responsabilidad de su protección.
Además de causar afectaciones ambientales y paisajísticas -pérdida de la capa vegetativa y alteración de ecosistemas conectados a estos-, la invasión y construcción de viviendas que no cumplen con los estándares habitacionales, tiene graves implicaciones para la calidad de vida de la población allí asentada, pues, estas no resuelven necesidades fundamentales como la igualdad, la dignidad, la salud, la intimidad, el desarrollo de la personalidad, la educación, la salvaguarda de los menores, adultos mayores, entre otros.
Lo anterior, tiene serios efectos sociales como lo explica Konrad Lorenz (premio Nobel de Medicina-Fisiología, 1973), en su ensayo, “Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada”; “El hacinamiento de muchos seres humanos en un espacio reducido no solo conduce a fenómenos de deshumanización por la vía indirecta del agotamiento y el empantanamiento de las relaciones interhumanas sino que directamente produce un comportamiento agresivo.” De acuerdo con este criterio, la invasión y/o destrucción de los cerros, podría significar para la ciudad además de un crimen ecológico, un crimen social, pues, se condena a un amplio sector de la población que reside en estas zonas a ser presa de un círculo vicioso de pobreza y violencia, replicable generación tras generación.
En lo que respecta al ordenamiento territorial, estas invasiones se constituyen en una expansión descontrolada desde el punto de vista urbano, social, económico y de seguridad. Como consecuencia, sobreviene para el Distrito, la carga de la provisión de servicios urbanos a dichos sectores con el fin de mitigar las condiciones de precariedad habitacional y de sus entornos, lo que además de costoso económicamente por efecto de la complejidad de las intervenciones, resulta contraproducente en el largo plazo, pues, dichas intervenciones estimulan en la ciudadanía la comisión de nuevas prácticas lesivas para el ambiente y para la cultura de la legalidad.
En paralelo, las mafias que manejan mercados ilegales inmobiliarios y de suelo, aprovechan la debilidad institucional y la deficiente gestión pública para estafar y de paso, poner en riesgo la vida de quienes acceden a ocupar irregularmente estas zonas.
Al considerar los costos que conllevan estas prácticas irregulares tanto para el Estado como para los hogares –quienes deben realizar permanentes inversiones para gestionar los riesgos a los que se exponen en dichos hábitat-, resulta inevitable preguntarse ¿por qué que desde el Distrito no se han impulsado programas para la producción de vivienda de interés social, en donde tanto el Estado como los beneficiarios aporten?
Si Konrad Lorenz hubiera conocido el caso de Santa Marta, habría adicionado un noveno pecado mortal: la ineficiente administración pública, cuya penitencia paga la ciudad mediante su ruina económica y social, reflejada no solo en los devastadores efectos de la invasión y destrucción de los cerros, sino en el deterioro de sus principales indicadores; aumento de la pobreza extrema y monetaria en 74% y 27% respectivamente (año 2020 respecto al 2019, Dane); 66.3% de informalidad laboral; 15,8% de desempleo (febrero-abril 2021). Esto, además de la profunda crisis de servicios públicos que parece no tener fin.