Un territorio, se considera competitivo cuando es capaz de lograr un alto y sostenible desempeño económico.
En Colombia, la competitividad de las ciudades es medida anualmente mediante el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), el cual, dada la confiabilidad de su información, se ha constituido en una herramienta de gran valor tanto para las entidades territoriales como para el sector empresarial. Dicho índice, ubicó en su medición del año 2020 a Santa Marta, en el puesto 16 entre 32 ciudades analizadas, quedando ésta, por debajo de ciudades como Pasto (13), Popayán (9) y Pereira (7). Cabe destacar que, a diferencia de Santa Marta, estas ciudades no disponen de una localización y atributos naturales tan privilegiados.
Aunque Santa Marta ascendió 3 posiciones en el ranking general respecto al año 2019, al revisar los resultados del reciente reporte, se evidencia su significativo descenso en el pilar de infraestructura y equipamiento (mide la capacidad de la oferta de servicios y vivienda, conectividad y oferta cultural de las ciudades), al pasar del puesto 19 al 21. Este resultado debería ser motivo de alarma para todos los sectores locales, pues, confirma no solo precariedad de las condiciones de infraestructura de Santa Marta para competir en los diferentes mercados, sino en esencia, su incapacidad para resolver las desigualdades, pobreza y marginalidad socioeconómica presentes en el territorio.
Esta asimetría competitiva de Santa Marta frente a los niveles regional y nacional, puede explicarse, en gran parte, en las erráticas decisiones de inversión pública de los últimos años, las cuales han estado centradas en el desarrollo de infraestructuras que poco impactan en la generación de ventajas competitivas para atraer la inversión, impulsar el crecimiento industrial, fomentar la creación de empleos, elevar la productividad y aumentar los ingresos. Podría decirse que, desde la estructuración y ejecución del Plan Vial del Norte (proyecto departamental contratado en 2006), en Santa Marta, no se ha desarrollado obra alguna que haya contribuido tan eficazmente en su ordenamiento territorial, la atracción de inversión, la configuración de cadenas de valor y la generación de empleo.
Basta observar como la infraestructura vial urbana de Santa Marta, se mantiene con los mismos corredores que hace 40 años construyeron “los de antes”. En cuanto a servicios públicos se pasó de mal a peor: el acueducto y alcantarillado en cabeza de las últimas administraciones distritales y su fallido modelo gestión público-privada, alcanzaron niveles insospechados de ineficiencia, inoperancia e insolvencia.
En términos de transporte, el retroceso es incuestionable; el cambio, se configuró en un pobre remedo respecto a lo proyectado para el Setp. Mientras tanto, los intereses electorales de momento, han consentido la consolidación de alternativas irregulares como el mototaxismo.
La incertidumbre aumenta frente a los incipientes logros de las metas planteadas al 2023 por el actual gobierno distrital. Después de año y medio, entre denuncias y escándalos por cuestionados manejos de la Essmar, no ha habido tiempo siquiera, para dar a conocer avances sobre el Plan Maestro al que se le apostó para la solución definitiva del agua. Respecto a la infraestructura vial, aunque se propone desarrollar un programa para mejorar y ampliar la malla vial distrital, de este se desconocen detalles como; qué corredores viales fueron priorizados, qué tipo de intervenciones proyectaron y cuál es el monto de la inversión.
Sin infraestructura no hay competitividad. De seguir en este camino, Santa Marta, deberá asumir no solo costos desde la productividad, sino también desde lo social, pues, las soluciones estructurales para los problemas que hoy deterioran la calidad de vida de la población, restringen su inclusión económica y social, seguirán siendo letra muerta en planes y programas que tristemente se distinguen por la débil gestión pública y el pobre sustento técnico.