Los colombianos nunca habíamos visto tan amenazada nuestra Nación, como la estamos viendo ahora por los llamados grupos de terroristas urbanos. Los bloqueos a las vías nacionales, saqueos al comercio, destrucción de bienes públicos, intimidación a ciudadanos y agresión a las autoridades de policía, tienen al país prácticamente sitiado.
Destruir el transporte público en las principales ciudades para que la gente no pueda ir a trabajar y bloquear las vías nacionales para impedir el paso de los alimentos, insumos y combustibles, dejando a miles de empresas quebradas y a la ciudadanía sin alimentos, agua potable y medicamentos, es un delito tipificado en cualquier parte del mundo como terrorismo.
Lo que no estamos entendiendo los colombianos, es porqué las autoridades no están aplicando con determinación el régimen jurídico contemplando en la Ley 1121 de 2006 y la Ley 1453 de 2011, para reprimir la financiación del terrorismo y combatir las diversas formas de manifestación que vemos a diario de esta actividad delictiva en nuestro país.
¿Para qué se crearon entonces la Fiscalía General de la Nación, las Direcciones Nacionales de Fiscalías Especializadas contra el terrorismo y su Cuerpo Técnico de Investigación, la Rama Judicial con Magistrados de Altos Tribunales y Jueces Especializados, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y el Derecho, la DIJIN, SIJIN, UIAF y demás entidades de inteligencia? Esto no se resuelve con anuncios o titulares de prensa, ni con mensajes mediáticos en Twitter. Hay que ejercer la autoridad.
Pero esa autoridad también hay que ejercerla con eficacia contra la asquerosa corrupción en la clase dirigente de este país. Los colombianos estamos cansados de tanta mediocridad y complicidades en la gestión pública; de los ineficientes servicios de salud y educación; de la escasa oportunidad de un empleo digno y de tanta desigualdad social. Todavía estamos a tiempo de salvar esta maravillosa nación, pero sin autoridad y justicia, es muy difícil lograrlo.
En el tintero. Hablando de autoridad, los arroceros e industriales del Meta y Casanare, están muy preocupados, por las 342.000 toneladas de arroz blanco que tienen represadas en los molinos, por culpa de los bloqueos en las vías que comunican estas regiones con el resto del país. Para evacuar este inventario se requieren 10.690 tractomulas, en sesenta días. Si esas vías siguen bloqueadas, se va a afectar el precio y la compra de la cosecha del mes de agosto (más de un millón de toneladas de arroz), lo cual ocasionará una ruina total a este importante sector de la economía agrícola del país.