La hundida reforma tributaria fue el detonante de las protestas ciudadanas pero los hechos están demostrando que esta no fue la única causa del descontento pues, las marchas aumentaron día a día después del retiro del proyecto por el Presidente Duque.
Como si el coronavirus hubiera quedado en el olvido, los manifestantes salen a las calles por grupos y por distintos motivos. Los estudiantes reclaman gratuidad en la educación, otros protestan contra la reforma a la salud por considerar que se le entregaría mayor poder a las EPS, los camioneros bloquean vías con el consecuente desabastecimiento de alimentos y alza de precios, solicitando reducción de peajes en las carreteras y disminución del precio del combustible, los taxistas en contra de las plataformas digitales porque les exige competir de manera desigual con los vehículos particulares y otros exigen el desmantelamiento del ESMAD.
Estos hechos lamentablemente van dejando saldos de muertos y heridos en un confuso ambiente de violencia que deslegitiman la protesta pacífica. El Fiscal Barbosa lanzó las primeras hipótesis y ha hablado de células de terrorismo armado quienes en el marco del derecho fundamental de la protesta pública se han venido inmiscuyendo grupos armados delincuenciales quienes de manera organizada y sistemática generan zozobra y terror en la población.
Según el Fiscal, no es normal que, por ejemplo, en Cali de manera coordinada individuos bloqueen las vías de acceso a la ciudad, ataquen los peajes, las estaciones de gasolina, sucesos que le dan certeza que detrás de estos operativos se encuentran organizaciones armadas al margen de la ley, grupos terroristas, narcotráfico y, entre otros, militantes del ELN. Álvaro Uribe, por su parte hizo un pronunciamiento en redes solicitando resistir la “revolución molecular disipada”.
La semana pasada el Presidente Duque apuró la reapertura de las mesas del paro, una nueva instancia de concertación creada a fuerza de los acontecimientos de orden público, sin saberse qué va a salir de este improvisado escenario que devela el ánimo del gobierno de superar la crisis, pero también su frágil gobernabilidad. Según La República las soluciones planteadas por el comité suman $81 billones.
Ahora como si pusiera un arma sobre la mesa, el Presidente acepta que está revisando la adopción del estado de conmoción interior que lo facultaría, soportado en la Constitución Política, de poderes legislativos para expedir normas para enfrentar las alteraciones de orden público. Aunque las actuales circunstancias soportarían con creces jurídicamente la medida, varios analistas lo ven como un detonante para recrudecer la violencia antes que paliarla.
Sin duda el país atraviesa momentos difíciles y en situaciones como estas es cuando más se requiere del concurso de las instituciones para generar confianza a los ciudadanos e informarlos sobre las reformas que se deben adoptar para responder a las necesidades actuales de la sociedad.
Las aspiraciones de los colombianos son muchas y legítimas, pero la capacidad de las finanzas públicas es finita, por lo tanto, las propuestas en las mesas deben ser realistas, desprovistas de las presiones de los violentos que tienen el país sitiado.
Dejar de hacer la reforma tributaria sería muy grave para la reactivación económica, el país se endeudó muy por encima de sus propias reglas fiscales y tiene el compromiso de extender la asistencia social, pero no es tiempo de gravar a la clase media ni a la menos favorecida. Mediante el dialogo se pueden encontrar soluciones y nada mejor que hacerlo en un ambiente de franqueza y objetividad, ojalá sin el uso de la conmoción interior.