El término “mermelada” fue acuñado por el exministro de hacienda Juan Carlos Echeverry en el 2011 para explicar didácticamente el proyecto de acto legislativo que reformaría el Régimen Nacional de Regalías: “vamos a repartir la mermelada (refiriéndose al presupuesto de recursos de regalías) en toda la tostada nacional (los municipios de Colombia) y no solo a los del subsuelo privilegiado”. Ahora, esa palabra, se ha convertido popularmente en sinónimo de corrupción.
La relación entre el poder ejecutivo y legislativo ha sido objeto de críticas por la forma en que interactúan. La gobernabilidad del primero se afianza en la denominada independencia, pero en el marco de una colaboración armónica basada en el intercambio de representación burocrática y la asignación de recursos a regiones gestionados por congresistas de partidos que forman parte de la coalición de gobierno.
A pesar de que los subsidios parlamentarios fueron prohibidos por la Constitución del 91, así es como la llamada mermelada inveteradamente ha funcionado y funciona, pero cambiando de nombre por épocas. En medio de esa dinámica, los parlamentarios congraciados con el gobierno de turno reciben de este los anteriormente llamados subsidios, después cupos indicativos y ahora mermelada para llevarle a sus electores soluciones en las diferentes regiones del país. En las alcaldías y gobernaciones es un símil con concejales y diputados.
En las campañas políticas la mayoría de los candidatos prometen acabar con la mermelada, sin embargo, no ha sido posible, parece como incrustada en esa parte del ADN del animal político que describía Aristóteles que hace del hombre ese ser social que necesita de la reciprocidad.
Lejos de pretender posar de circunspecto en el análisis filosófico o sociológico del relacionamiento de poderes, prefiero aplicar la simple lógica en cuanto que, lo que resulta reprochable del criterio de armonía entre los poderes públicos es el abuzo de los gobernantes o políticos al ejercerlo y peor aún, cuando hacen exactamente lo mismo o cosas peores de las que les criticaron a sus predecesores.
Por ello, antes de llegar al quid del asunto, pregunto: ¿Cuál sería la crítica al Presidente o primer ministro indistintamente de regímenes presidenciales o parlamentarios, cuando en busca de apoyos dentro de su partido o de los partidos afines con su línea programática, solicita la participación de personas de altísimas calidades y perfiles para que hagan parte de su gobierno en representación de sus propios partidos? O ¿por qué satanizar al congresista que gestiona con el ejecutivo recursos para su región para hacer obras que la beneficien? Pues pensaría que esta es una práctica propia de las dinámicas de los poderes.
El tema de fondo es la derivación de esa supuesta armonía de poderes en actos de corrupción. No son pocos los escándalos en el país por la selección de contratistas sin las formalidades de ley con el fin de apropiarse de esos recursos públicos para financiar campañas políticas o como respuesta a pactos oscuros con grupos al margen de la ley. Hacer nombramientos de personas sin las condiciones requeridas por el cargo por amiguismo o para favorecer a políticos con intereses personales. Todo esto con la mirada esquiva de quienes estando al frente de organismos de control han canjeado su potestad sancionatoria por dadivas y favorecimientos personales o grupales.
Allí radica el problema, no es la mermelada sino la forma como se unta por parte de ciertos políticos y funcionarios de alto nivel quienes predican, pero no practican. Con todo esto, y tan repetido, la izquierda sigue sumando puntos.