Los 10 millones de habitantes de la Costa Atlántica están a la expectativa del mejoramiento del servicio de energía. Nos acercamos a los 120 días de la llegada de los nuevos operadores y las persistentes interrupciones del fluido eléctrico, hace pensar a muchos usuarios que el remedio fue peor que la enfermedad.
Se sabía que eso iba a suceder, pues hay quienes asumen que la mejora se daría con la liquidación de Electricaribe, sin embargo, técnicamente el proceso de reconstrucción de la desvencijada infraestructura eléctrica toma tiempo y entre más obras más interrupciones e injusto sería responsabilizar a las nuevas empresas cuando prácticamente están empezando.
Se estima que en diez años con inversiones cercanas a los 800 mil millones de pesos cada año los indicadores de calidad del servicio se acercarían a los del promedio nacional. Ante el escenario de recuperación de largo plazo es imperativa la estricta labor de vigilancia y control que ejerza la Superservicios a la ejecución de las inversiones, de hecho, recientemente suscribió sendos planes de gestión con Air-e y Afinia para monitorear su desarrollo y por supuesto la mejora del servicio.
Todavía no se conocen los pormenores de la venta de Electricaribe. El gobierno, como en el caso de las vacunas contra el coronavirus, alegó confidencialidad, pero lo que sí se sabe es que los interesados tuvieron la oportunidad de revisar el estado de la infraestructura eléctrica y tecnológica, la situación del mercado, los estados financieros y su pronunciado déficit operacional, el monto de los subsidios, las reglas del sistema eléctrico, el régimen tarifario, en fin, información esencial para adelantar una debida diligencia y tomar la decisión de comprar los activos y asumir la operación. En estas condiciones la nación estaría blindada de responsabilidad en el hipotético caso de no lograrse el cierre financiero.
Si bien las nuevas empresas no compiten entre sí por atender mercados en diferentes departamentos, las comparaciones entre ellas serán necesarias para verificar el monto y velocidad de las inversiones y el impacto en la calidad del servicio. En esta columna periódicamente se revelarán las cifras que arroje la sana competencia. Ambos grupos económicos saben que se juegan su prestigio y por el déficit operacional, los primeros años serán muy duros, por eso sus accionistas alistan chequeras y gestionan créditos con bancos o la nación.
Ahora, aunque el nombre de Electricaribe por arrastrar una profunda carga negativa dio lugar a la adopción de nombres innovadores como Air-e y Afinia, su personería jurídica aún está vigente. Su liquidación está sujeta a que se levanten las garantías que respaldaban las compras de energía durante la intervención y esta a su vez depende de que el gobierno le planteé al administrador del sistema eléctrico XM la forma en que saldará la deuda contraída por Electricaribe con los generadores y comercializadores de energía antes de la toma de posesión.
Complejo dilema en la medida en que decretar la liquidación sin haber recuperado los más de 3 billones de pesos prestados por la nación a la empresa intervenida para garantizar la operación, se correría el gravísimo riesgo de perderlos pues estos dineros entrarían a la masa de acreedores quedando la nación en la misma prelación de bancos y proveedores anteriores a la toma de posesión, cifra que asciende a los 2.5 billones de pesos. Entre tanto, los nuevos operadores, al margen de los entuertos del pasado, competirán para demostrar que serán capaces de brindar un buen servicio.