Narco-Estado

La cinta sigue por ahí, para el que la quiera buscar. Hace tres décadas, el país entero la vio, o al menos estuvo en posibilidad de verla. Se acababa de sancionar, el 4 de julio anterior, la nueva Constitución Política de Colombia, que muchos letrados y ciudadanos hemos enaltecido, como símbolo vivo que se consideró –se considera- de un pueblo dispuesto a hacer las paces consigo mismo, pueblo al que le urgía escribir un nuevo contrato social si no quería dejarse llevar por su sorda implosión. 

Sin embargo, no pocos quedaron defraudados cuando, en el documento audiovisual referido, se pudo oír al abogado-mafioso tranquilizar al algo reticente político diciéndole que no se preocupara, que ya treinta y seis de sus colegas habían sido premiados igual que él. Si se tiene en cuenta que, de los setenta y cuatro asambleístas, solo setenta tenían voz y voto, el que treinta y siete de estos hubieran podido estar comprados, como prometía el recadero de Escobar, habría arrojado el espantoso 52.8% del total de quienes con sus votos fueron encargados de rediseñar al Estado y la sociedad. Se conjeturó que aquello acaso era un montaje de los paramilitares, enemigos de Escobar; pero, también, que lo que se vio y escuchó fue parte del negociado de votos contra la extradición, el mayor miedo del narcotraficante. Todavía afirman esto y lo otro.  

Narco-Estado se ha llamado en innumerables ocasiones a Colombia, fundamentalmente desde el exterior. Recordemos que los teóricos de este tema han resumido las características del Estado que ha sido capturado por tal corrosión más o menos de la siguiente manera: instituciones controladas directa o indirectamente por el dinero o la intimidación de los narcotraficantes; lenta corrupción de todos los ámbitos sociales (lo que halló expresión psicológica, por ejemplo, en la “cultura de la plata fácil”, que hace renegar del esfuerzo laboral); dependencia del tráfico de drogas en relación con el sustento de la economía; violencia sin freno entre carteles que se disputan el mercado de sustancias ilegales; y, a veces presentado como un problema separado, el aumento en el consumo de estas últimas, lo que, para los “pragmáticos”, viene a ser más la manifestación de una enfermedad que un delito (que, justo por serlo, debe ser despenalizada). 

En los Países Bajos, donde durante casi cincuenta años han repetido el argumento de la enfermedad, se alzan las voces revisionistas últimamente. Algunos neerlandeses acaban de darse cuenta de que tener una buena cuadrilla de marihuaneros decorando las calles no algo es tan inane como se creía. Poco a poco, el socavón moral se ha ido haciendo más grande, más hueco, y, quizás a propósito de tanto inmigrante indeseable (los “principales responsables”), llegó el momento de verificar si las excepciones tan amplias a las prohibiciones de venta y consumo de estupefacientes se han convertido en la base de su propio narco-Estado. Ahora se lee allí que el crimen va en aumento de la mano del creciente narcotráfico. No podía ser de otra manera.