En estos momentos hay cuatro decisiones por tomar que tendrán un impacto social enorme. La primera es el aumento del salario mínimo legal, la segunda es otra reforma tributaria en el primer trimestre del 2021, la tercera es la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas conforme a un proyecto de ley presentado por el Centro Democrático, y la cuarta, el reemplazo de Echeverría en la Junta del Banco de la República.
Más allá del acostumbrado escenario en la negociación del salario mínimo, este año las partes confrontan las dificultades creadas por la pandemia. La preocupación por reactivar una economía paralizada pareciera contraponerse al derecho de los trabajadores de ganar un salario justo. Los empleadores ofrecen el 2%, lo cual sería igual a la inflación mayor posible para este año, según las cifras del Emisor. Es decir, en términos reales no habría aumento. En circunstancias normales esto sería una injusticia, y además anti técnico.
En medio de la negociación, el ministro Carrasquilla en el Congreso Cafetero afirmó que el salario mínimo legal colombiano es ridículamente alto. A juzgar por lo publicado en los medios, no parece que Carrasquilla haya sustentado su posición en términos de productividad sino en términos de que el treinta por ciento de los 22 millones de empleados gana por debajo del mínimo legal; es decir, la brecha entre el salario medio y el salario mínimo legal se ampliaría de subir el salario. No mencionó circunstancias excepcionales.
La meta es siempre lograr el pleno empleo sin tener una inflación desbordada. Quien quiera tome la decisión final sobre el salario mínimo, tendrá que poner en la balanza estas dos variables en época de pandemia. Un aumento muy por encima de la inflación nos mete en la sin salida de una espiral inflacionaria ascendente. Se pide cautela, pero también justicia.
El mismo ministro Carrasquilla dice que por fuerza se debe hacer una reforma tributaria para pagar las deudas. Nuevamente, demuestra total indiferencia a las circunstancias excepcionales que vivimos, y de hecho por las personas. La escalada de impuestos es moralmente injusta y también anti técnica por regresiva. Le toca al gobierno ajustarse y ver cómo le hace sin más impuestos. ¡No rotundo a otra reforma tributaria!
La tercera decisión es la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales. Es un acto de elemental justicia social. Los empresarios, obviamente, la rechazan pero esto hay que hacerlo. El problema de fondo es que el empresario se acostumbró a producir ineficientemente, y aunque esto le representa una “ganancia” en el corto plazo, a la larga es nocivo tanto para el empresario como para el país.
Mientras la mano de obra sea barata y abundante, no hay incentivo para invertir en elevar la productividad por empleado. Cuando se encarece la mano de obra, se crea el incentivo para mejorar la calidad del talento humano e invertir en tecnología. Se podría crear un fondo para ayudar a las PyMes y Micro empresas a crear las eficiencias necesarias para adaptarse al cambio. La reducción de la jornada es necesaria para subir escalones de manera importante en el PIB.
Los miembros de la Junta del Emisor manejan la política económica del país, y de aquí la importancia de garantizar que lleguen a ella personas idóneas. La idoneidad, hoy, no puede definirse únicamente por los pergaminos y la hoja de vida de los aspirantes. Un técnico sin corazón es un tirano. Quien solo ve números e indicadores con total indiferencia por las personas debería estar impedido para ser miembro de esta junta, y el actual ministro Carrasquilla es un tecnócrata sin corazón. Afortunadamente, fracasó en su intento de llegar y atornillarse en la Junta del Emisor; le hubiera hecho mucho daño al país.