El programa de Gobierno del Presidente Duque y de los nuevos mandatarios locales recibieron una variable impredecible, la Pandemia por el Covid 19. Sectores de la oposición afirman que la economía antes de la crisis sanitaria ya venía mostrando malestar y se agravó por los efectos de las medidas de confinamiento.
En medio de una crisis sin precedente en los últimos 100 años, es natural que la gente tenga malestar y que en las dinámicas políticas se aprovechen esas emociones para proponer cambios y pedir que rueden cabezas. El Senador Roy Barreras parece tener clara esa práctica non sanctas, pero común en la política mundial y ha presentado un proyecto en el que se instaura la revocatoria del mandato presidencial, figura que existe desde la ley 134 de 1994 pero solo para alcaldes y Gobernadores.
De ante mano se sabe que la figura contemplada en la ley expedida hace 26 años ha quedado en letra muerta porque de los 114 casos de gobernadores y alcaldes practicados desde entonces solo uno, en Tasco Boyacá, ha prosperado por el rigor del requisito sine qua non que establece que el número de votos debe superar el 55% de los votos válidos de la elección.
El Senador Valluno, conocido por su acostumbrado desliz entre los extremos de derecha e izquierda, presenta su iniciativa legislativa al tiempo de manifestar su rebeldía con su partido de la U porque dice que sus colegas están en contra del proceso de paz y han presentado un proyecto para derogar la JEP. La voluntad de unidad que agrupó a Uribistas y Santistas ahora la paz los divide.
Lamentable seguir atizando la hoguera de la polarización sin medir repercusiones y los efectos negativos en el desarrollo e implementación de las políticas públicas que requieren de la unidad de las fuerzas políticas para anteponer los intereses del país ante los partidistas o individualistas.
Los pilares para que proceda la revocatoria presidencial del proyecto de ley están basados en la evaluación de la gestión medida en resultados de pobreza monetaria, pobreza extrema, deterioro del orden público y las limitaciones a la implementación del proceso de paz, justo los temas en los que, por una parte, su deterioro es evidente por los efectos de la pandemia y de otro lado por los problemas de orden público por los recientes hechos en protestas ciudadanas y casos aislados donde están comprometidos actores de la fuerza pública.
Sin asumir una defensa de la gestión del presidente Duque en donde en varios aspectos está en deuda con los colombianos, introducir la figura de revocatoria del presidente y no de los congresistas parece más una propuesta de campaña, que la voluntad de superar la crisis por la que estamos atravesando.