“Cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados le pierden el respeto” (Refranero popular)
La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Civil, le acaba de poner un tate quieto al inepto y arrogante gobierno colombiano, conminándolo a ofrecer y pedir perdón a la sociedad colombiana por los desafueros y abusos en los cuales ha incurrido la fuerza pública cada vez que les corresponde cumplir con los postulados constitucionales que los obliga a garantizar el derecho a la protesta, máxime si tenemos en cuenta que en nuestro país protestar se ha convertido en el pan de cada día.
El fallo en mención resalta la estirpe constitucional de cualquier democracia, en donde se obliga al gobierno a respetar derechos fundamentales, ello por cuanto en nuestro país se ha vuelto costumbre que la administración no respeta a nadie y, antes por el contrario, se vanagloria de castigar a quienes tienen la osadía de salir a las calles a manifestarse contra todo aquello que es inherente al ser humano, para lo cual protesta y espera soluciones por parte del gobierno, pero qué va, este en cambio desenvaina el garrote para apaciguar los ánimos y seguirle tomando del pelo a la ciudadanía que no se cansa de protestar, así no se vean resultados de su incesante y perseverante lucha.
Además de ello, dicho fallo de tutela le exige al presidente de la república y su soberbio ministro de Defensa replantear los procedimientos cavernícolas y represivos con los cuales se reprime cualquier asomo de inconformidad, y terminan siempre disponiendo de una fuerza bruta y descomunal llamada Esmad, cuyos integrantes cuando salen a las calles del país a preservar el orden terminan cometiendo desmanes e imponiendo su agresividad y violentos mecanismos de persuasión administrativa, sin importarle a quiénes se lleven por delante y dejando todo como tierra arrasada.
Sin embargo, mientras el ordenamiento jurídico contempla y exige que en cualquier Estado de derecho las decisiones judiciales son de estricto cumplimiento el Gobierno reaccionó de manera arrogante y controvirtió el fallo, argumentando que eso sería permitir el gobierno de los jueces y para evitar ese cogobierno le solicitó a la Corte Constitucional revisar el fallo y se basó en un argumento pueril como decir que el mismo no había sido unánime y ello ameritaba su no aceptación.
Vale la pena aclarar que esta decisión tiene que ver con hechos acaecidos en noviembre de 2019 que fueron denunciados por personas de diferentes corrientes políticas, organizaciones sociales, estudiantes, docentes y victimas del abuso policial, quienes ya están hastiados de que sistemáticamente el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía siempre sale a imponer su descomunal y desproporcionada fuerza, sin que el gobierno haga absolutamente nada y haciendo caso omiso a las quejas de la sociedad, aunque cada vez más el pueblo le pierde el miedo y decide enfrentarlo sin temores.
Obviamente que estos mecanismos de represión tienen connotación gubernamental en la trillada disculpa y justificación de que las marchas resultan infiltradas por vándalos y profesionales de la protesta, aunque nunca dicen quiénes son esos infiltrados y terminan agarrando a los primeros tontos que le pasan por el frente y de esa manera convalidan sus bárbaros procedimientos y no faltan los ingenuos que hablan de que la protesta debe ser pacifica, algo así como reunir a miles de personas en un estadio para que griten consignas y se desgarganten con sus arengas.
Por último, la sentencia le ordena al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hacer un acto de humildad y contrición en donde se pidiera perdón por ese comportamiento bestial de la fuerza pública, lo que hasta ahora no ha ocurrido.