Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
El Gobierno nacional se emplea cuanto es posible en honrar a lo malevo el esperpéntico programa de su raza uribista. El incapaz ministro de Defensa, Holmes Trujillo, engaña al país: el Congreso de la República no autorizó el tránsito de tropas gringas en el territorio colombiano, como se lo aclaró en público el bolivarense Lidio Garcia, presidente del Senado durante la segunda legislatura del cuatrienio, momento en que se adelantó el control político a la llegada de los militares estadounidenses. Valga agregar: a pesar de que se podría pensar que es lo mismo, no lo es: si bien los yanquis vienen, lo hacen a título de “cooperación militar”, y aún no en tanto que transeúntes en la calculada guerra a Venezuela. Es algo. Corresponde a los colombianos impedir que el Ejecutivo haga de la soberanía el teatro de operaciones de una contienda ajena.
Ahora bien, cuál es el respeto, después de todo, que profesa este Gobierno a la Constitución Política, o a la legalidad: el presidente de la República interfiere abiertamente en las actuaciones judiciales, al objetar ciertas decisiones tomadas en apego a la ley contra Álvaro Uribe. Luego, solo pasa que el procurador general de la Nación “regaña” al jefe de Estado, ya dañada la institucionalidad. En ese contexto se elige cinco meses antes (o sea, con anticipación que permite limitar más, desde adentro, al todavía titular) a la nueva procuradora general, ficha del exjefe del Ministerio Público Alejandro Ordóñez, acomodador de sanciones a funcionarios de elección popular opuestas al derecho internacional, culpa que hoy debe costear políticamente mediante su salida de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
A la procuradora electa, Margarita Cabello, que viene de ser ministra de Justicia y del Derecho, le cabe tanta responsabilidad como a la improvisada ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, en la demora de la solicitud de extradición a los Estados Unidos del paramilitar Salvatore Mancuso, quien por poco no terminó de asueto en la soleada Calabria. La exministra y pre-procuradora Cabello, que no envió los papeles eficientemente a la Cancillería, estimó justo proponer la extemporánea idea, en cambio, de presionar en el Congreso la ratificación del tratado de extradición con Italia, pues consideraba un hecho que Mancuso cruzaría el Atlántico. Parece jugada de retardo deliberado de modo que no se tuviera a alias Santander Lozada aquí, hablando incomodidades, aclarando temas, historias que quizás molestan a personas determinables.
¿Puede esperarse otra cosa de un Gobierno que, de frente, ordena perfilamientos, es decir, espionaje, a periodistas y líderes de opinión que no le gustan? Cuando sale “el Peludo” Hassan Nassar, pillado, aunque sin perder descaro, a mentir que no se trata de perfilamientos, sino de “monitoreos” y de “estrategia digital”, apenas queda recordar que dos años atrás Colombia pudo negarse a participar en esta farsa, y no lo hizo. El uribismo, esa corriente de anti-pensamiento, resolvió (¿auto?) prestarle 370.000.000 de dólares a Avianca, aerolínea que tiempo tiene de no ser colombiana, en condiciones vergonzosamente desiguales, mientras les niega a los pequeños y medianos empresarios, a los entes territoriales, a la gente de a pie, los créditos para salir de la profunda crisis actual. No obstante, acaso sea nomás esto lo que nos merecemos.