Las recientes advertencias del Fondo Monetario Internacional, acerca de las consecuencias de un rápido recorte del gasto público y sus efectos negativos en la recuperación económica, ameritan un análisis para entender la importancia del gasto en estas situaciones de crisis.
En primer lugar, definimos el gasto público como la cantidad de dinero que desembolsa el sector representado por el gobierno para desarrollar sus actividades en el cumplimiento de sus funciones. El gasto público en Colombia se estructura de la siguiente manera: 1. Gastos de funcionamiento, los cuales garantizan el funcionamiento del aparato estatal. Destacan en este rubro las transferencias, los gastos de personal, los gastos de operación y los gastos generales. 2. Gastos de inversión, que corresponden a los destinados al aumento del patrimonio público; obras para la infraestructura pública y los gastos en inversión social tales como agua potable, alcantarillado y acueducto. 3. Gasto del servicio de la deuda, que corresponden al pago o abono de la deuda pública interna o externa (intereses, comisiones, financiación, etc.).
En épocas de crisis, como la actual, la demanda agregada (total de bienes y servicios demandados por un país) puede presentar serios problemas por la afectación del sector privado, donde el ingreso por concepto de impuestos se deprime y el consumo privado disminuye por expectativas negativas en empleo y por ende en los ingresos de las familias. Es aquí donde el gasto público entra a cubrir lo dejado de gastar por el sector privado, priorizando la protección del empleo para que el impacto sea lo menos dañino en la economía.
Es por ello que ante la presente crisis se decidió por parte del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, pasar de un déficit fiscal permitido para el 2020 del 6.1% del PIB a levantar la regla para el 2020 y 2021, teniendo en cuenta la disminución en el recaudo tributario y la pérdida de ingresos debido a la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo; esto genera un menor pago de impuesto de renta por parte de las empresas del sector.
Cabe resaltar el informe del Dane del reciente 15 de Agosto, en el cual reveló los resultados del comportamiento del PIB para el segundo trimestre del año. El efecto, una caída histórica del 15.7%, que sumado a un índice de desempleo a Julio 2020 del 20.2% y el consecuente crecimiento de la cartera vencida del sistema financiero, crean un mayor compromiso del gasto público (eficiencia) para el beneficio en primera instancia del empleo.
Las medidas fiscales se deben fortalecer principalmente en tres direcciones, aumento de los recursos para gastos de salud, transferencias a los hogares (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Colombia Mayor) y el creciente apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME).
En conclusión el gobierno debe mantener el objetivo de un mayor gasto para la inversión que genere empleo. Sin duda alguna viene haciendo la tarea de una manera positiva con transferencias a los hogares por un monto superior a los 2.5 billones de pesos, sólo en los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Igualmente en las ayudas a los empresarios para el pago de nómina por más de 2 billones de pesos y una proyección de entrega de otros 4 billones.
Esta columna fue realizada con información de apoyo del Banco de la República.