Hay pronunciamientos de personajes con autoridad quienes al pretender invitar a la calma provocan el efecto contrario y exacerban los ánimos. Recordar al Presidente Santos decir, el tal paro agrario nacional no existe o la frase de López Obrador en México, al conocerse el coronavirus, …hay que abrazarse, no pasa nada.
Pues bien, la semana pasada el Procurador General, Fernando Carrillo, con la intención de desactivar la pugnacidad, desestimular escenarios de violencia y la amenaza a la democracia, mediante un comunicado provocó caldear los ánimos de millones de colombianos al exhortar a los funcionarios del Gobierno abstenerse de opinar sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia al decretar la detención domiciliaria al expresidente Uribe. ¿Dónde estaría la transgresión a la ley de algunos funcionarios al expresar genuinas manifestaciones de solidaridad y aprecio por el expresidente?
Compartir una opinión sobre la determinación de la Corte Suprema en el proceso por supuesta manipulación del testimonio de un ex paramilitar que señala a Uribe de ser uno de los creadores del Bloque Metro de las Autodefensas de Antioquia en la década de los noventa, no infringe la prohibición de los servidores públicos en el código único disciplinario de manifestar públicamente opiniones sobre decisiones judiciales o administrativas porque dicha prohibición solo se entiende respecto a la entidad para la cual el funcionario esté vinculado.
En ese caso la prohibición sería para los funcionarios del Ministerio de Justicia y obviamente para la misma Procuraduría por su competencia para ejercer la vigilancia del proceso penal. Seguramente no faltarán recusaciones contra el Procurador por el imprudente contenido de su comunicado.
El sano debate fortalece la democracia, misma que el Procurador afirma defender. La decisión de la Corte si bien contó con la unanimidad de los cinco magistrados de la sala, para otros profesionales del derecho como el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta la medida es discutible porque para él no había méritos para dictar la detención y que era preferible continuar con el proceso y permitir que Uribe se defendiera en libertad, luego entonces la decisión sí genera discrepancias entre juristas.
Es cierto, no todas las discusiones se quedan en el terreno de desencuentros conceptuales y menos aún en los ambientes políticos donde es común, sobre todo en las redes sociales, que broten epítetos cargados de agresividad. Pero cuál es el propósito del comunicado del procurador de impedir el uso del derecho constitucional a la libertad de expresión consagrada en la declaración universal de los derechos humanos y de otro lado, a manera de ejemplo, guardar silencio cuando el Senador Gustavo Petro dijo que desconoce a Duque como Presidente y llama a la desobediencia civil.
Es exagerado advertir que, con las opiniones de los funcionarios se aliente el incumplimiento de las decisiones de la corte, pues el expresidente sería el único quien podría desacatar la medida y no ha dado muestras de querer evadirla, siempre ha comparecido a las citaciones judiciales. Ahora, la iniciativa de una asamblea constituyente como mecanismo de reforma a la justicia es, además de legitima, constitucional, con mayor rigor institucional que en su momento tuvo la séptima papeleta.
Después del plebiscito por la paz, en el país se acentuó la polarización. El Procurador Carrillo se coloca sin venda en un lado de la balanza, ad portas de culminar su período de procurador, pero tal vez pensando en un próximo período presidencial sin tener en cuenta si con ello acata o ataca la libertad de expresión.