En la ceremonia de instalación virtual de la tercera legislatura del Congreso de la República el Presidente Duque se refirió a los proyectos que presentará el Gobierno para la recuperación económica. Al día siguiente la Vicepresidente y el Ministro de Comercio explicaron la hoja de ruta de las 13 estrategias que incluyen créditos para microempresas hasta por 15.8 billones de pesos a través de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías.
El gran reto es lograr que estas, entre otras iniciativas, se implementen y causen el impacto que realmente se espera en la economía, de tal manera que el éxito dependerá del acierto en la asignación de recursos como también de una variable exógena e imprevisible, el tiempo de permanencia de la pandemia, tema que ha superado aún los pronósticos más pesimistas.
Lo primero que habría que garantizar en esta nueva etapa es la armonía entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en el trámite de proyectos. Esto es definitivo. Los decretos expedidos durante la emergencia que brindaron muchos alivios económicos a toda la población, requieren ahora la aprobación del congreso para mantener su vigencia.
Adicionalmente se necesitan leyes que ayuden a superar la crisis y la estabilidad financiera, como la reforma laboral y tributaria para citar las más importantes, ambas con un alto nivel de rechazo de la opinión pública pero necesarias, dependerán de la inaplazable voluntad de los responsables de la toma de decisiones en los poderes públicos por encima de la vanidad de cuidar su popularidad o para otros de superar las contradicciones entre estas medidas y sus convicciones ideológicas.
La estabilidad de la economía de un país se mide principalmente por su capacidad de producción y consumo interno, por la tasa de desempleo, la inflación, así como el grado de competitividad en su entorno económico. Colombia, antes de la pandemia, venia experimentando un crecimiento paulatino desde el 2017 después de una progresiva contracción o caída desde el 2013. Se respiraba un moderado optimismo por los resultados del PIB de 2019 en 3.3% a pesar de un movimiento alcista del desempleo que cerró en 10.3%. Todas las proyecciones y metas se vinieron al traste a nivel mundial por la súbita aparición del coronavirus. A partir de marzo del 2020 hay incertidumbre y ello dificulta la toma de decisiones en términos de oportunidad y eficacia.
La clave está en la prudencia de las autoridades al diseñar y ejecutar las políticas públicas. Claros ejemplos, la adopción o no de la renta básica universal por tres meses o la prolongación de los programas de subsidios y ayudas existentes hasta el 2021, como también verificar el impacto de irrigar dinero en sectores productivos, pero sin demanda. El empresario Mario Hernández recientemente manifestó “nada sacamos con producir sino vamos a vender, más rápido nos vamos a quebrar”. “Primero había que reactivar el comercio y después la industria”.
La oferta y la demanda deben estar perfectamente sincronizadas y esto se logra desde la articulación del gobierno nacional, de los entes territoriales con sus planes de desarrollo y por supuesto con los bancos al asignar recursos y créditos a sectores que jalonen la economía de lo contrario, urgente pensar en la ampliación de subsidios a las familias. Es estéril invitar a los empresarios a reinventarse cuando aún no han superado el duelo de sus quiebras, hay que acompañarlos en tanto se readaptan. Colombia, lo enseña la historia, siempre se levanta y esta vez no será la excepción.