Hoy 20 de julio comienza la segunda legislatura en el Congreso de la República. Además de elegir presidentes de Senado y Cámara y miembros de las mesas directivas, la corporación debatirá uno de los proyectos de iniciativa parlamentaria de la mayor importancia, la renta básica universal (RBU), propuesta original del economista Luis Jorge Garay de asignar un salario mínimo mensual para 9 millones de hogares por 20 billones de pesos.
Recientemente el Gobierno Nacional argumentó que no era el momento para implementar esa iniciativa, sin embargo 54 parlamentarios insistirán en hacerlo realidad. Este forcejeo no es gratuito pues la medida, aunque altruista, también tiene sus “peros” en opinión de los responsables de la hacienda pública.
El primer aspecto, desde el punto de vista conceptual, tiene que ver con la población beneficiaria. Para que un subsidio tenga carácter universal, y esto aplica para los subsidios existentes, debe ser asignado al individuo y no a un colectivo. La asignación directa a los hogares a través de uno de sus integrantes no tiene en cuenta las dinámicas internas de su convivencia y en algunos casos, miembros de la familia pueden quedar excluidos del beneficio.
La RBU, económicamente, es una gran apuesta porque no solo superaría teóricamente el monto per cápita de la población a beneficiar, sino porque también amplía el número de personas quienes reciben los actuales subsidios como familias y jóvenes en acción, adulto mayor e ingreso solidario.
La diferencia en cuanto a su aplicación radica en que la asignación de los actuales subsidios, sin perjuicio de los señalamientos por la politización en los procesos de entregas, responde a la identificación de poblaciones seleccionadas con base en criterios socioeconómicos, en tanto la RBU por su misma filosofía se adjudicaría de manera indiscriminada llegando por igual a quienes eventualmente les aumentará su capacidad de consumo, como a los que necesitan calmar el hambre.
La RBU por su parte se entregaría durante 3 meses. La temporalidad del beneficio obedece a la capacidad económica del tesoro nacional para asumirla. La iniciativa propone utilizar por un lado los 4 billones de pesos de los subsidios existentes, tomar 7 billones de gastos que si bien ya estaban presupuestados éstos se encuentran aplazados por la emergencia sanitaria y utilizar la mitad de los recursos destinados para honrar la deuda pública para luego reponerlos con nuevos créditos de la banca multilateral o del banco central.
El Gobierno Nacional al suspender la restricción de la regla fiscal la cual imponía un límite de déficit del 2.2% del PIB envió una señal de jugársela en conseguir dinero por encima del tope y con los recursos de créditos dirigirlos a estrategias concebidas también para la reactivación económica y además para el fortalecimiento del sistema de salud en esta coyuntura, pero no para una renta temporal y generalizada como lo proponen los parlamentarios.
Irrigar recursos en la economía para darle un estartazo al consumo de los colombianos es indiscutible, hace parte de las denominadas políticas económicas contra cíclicas, pero es necesario tener claro a qué sectores, a quienes y para qué entregarlos y evaluar su impacto, ahí radica el éxito de las medidas que adopten los gobiernos de economías emergentes.
Los gastos que asume la nación para hacerle frente a la crisis, además de agrandar el hueco fiscal, hay que pagarlos con impuestos que seguramente se recaudarán con nuevos tributos y que finalmente pagarán incluso los mismos beneficiarios de la RBU. Que comience el debate.