Tres décadas perdidas

Columnas de Opinión
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No podemos justificar la condición crítica general en que hoy se encuentran Riohacha y La Guajira; no se compadecen los recursos recibidos y supuestamente invertidos en obras que solucionarían las necesidades básicas comunitarias con el estado en que se encuentra la infraestructura de servicios sanitarios, la malla vial departamental y local, la red hospitalaria, el sector educativo, el desempleo, la desnutrición infantil, la seguridad y todos los perfiles que conforman nuestro universo.

Desde el inicio de la minería en La Guajira, el alto gobierno se desentendió de su obligación de asumir la solución de nuestros problemas básicos porque teníamos regalías; La Guajira fue cuasi borrada de los programas y proyectos de envergadura nacional y sólo era tenida en cuenta por los aportes que llegaban desde sus minas de carbón, de sal y de sus pozos de gas, quedándonos como contraprestación las regalías generadas por esta actividad que también nos ha dejado daños ambientales enormes y secuelas sociales y sanitarias de mucha importancia por su efecto negativo, y que hoy, a través de la política estatal, estamos a punto de perder en un alto porcentaje.

Todos sabemos que la participación del guajiro en la empresa minera ha sido y es irrisoria a nivel laboral y comercial, desplazándonos en nuestra propia tierra para traer foráneos para sus actividades y contrataciones, sabemos que el gobierno de Colombia está arrodillado ante estas empresas transnacionales y les ha dado licencias operativas , excepciones tributarias y facilidades de inversión que van en detrimento de nuestro patrimonio, y respalda los atropellos laborales y procesales que estas empresas realizan en contra de los obreros y de las comunidades, cercenándonos el derecho a recibir los impuestos de ley que debe pagar toda empresa que realiza actividades productivas y con los cuales se financian los programas y proyectos para solucionar las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades, en lo cual, La Guajira ocupa un deshonroso altísimo lugar, a cambio de no sabemos qué prebendas o beneficios para el alto gobierno o sus funcionarios.

Hemos vivido más de treinta años de retroceso evolutivo, la actividad minera no nos ha dado un beneficio proporcional al que han recibido las empresas explotadoras y el alto gobierno; todavía no tenemos en La Guajira sistemas de acueductos y alcantarillados ni regulares siquiera, producimos recursos mineros energéticos y pagamos una de las energías más caras y más malas del país, el gas domiciliario nuestro es más caro que en el interior, nuestras fuentes de empleo mayoritarias, las empresas mineras, favorecen preferentemente a la mano de obra y a los profesionales no guajiros, dejando a los nuestros desplazados en su terruño, lo mismo ocurre con nuestras empresas que no han podido crecer porque no han tenido la participación necesaria en estas macro actividades, y todo ello es responsabilidad de todos los guajiros, sí, de nosotros, todos somos culpables, unos por acción y otros por omisión, y es hora de analizar qué tan conveniente es para La Guajira que estos proyectos mineros se ejecuten aquí.

Es hora de no equivocarnos nuevamente. Hagamos un juicio serio y objetivo de responsabilidades y excluyamos a todo aquel que sea o haya sido artífice de estas responsabilidades directas de cualquier posibilidad de asumir nuevamente las riendas de lo poquito que nos queda.

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